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El Gobierno ha emitido un criterio favorable sobre la proposición de ley de modificación de la ley de transparencia y gobierno abierto presentada por el grupo parlamentario socialdemócrata, y considera que el texto puede servir para reforzar la rendición de cuentas, la transparencia y, en definitiva, "la confianza de la ciudadanía en las instituciones".
A pesar de este aval general, el ejecutivo sostiene que la reforma debería aprovecharse para hacer una evaluación global del funcionamiento de la norma desde que entró en vigor, en 2021, con el objetivo de estudiar si son necesarias otras adaptaciones.
Una ley «joven» que exige un análisis global
Casal ha defendido que, tratándose de una "ley joven", conviene analizar su despliegue antes de introducir nuevos cambios. "Tenemos que avanzar en transparencia, pero haciéndolo de manera ordenada y jurídicamente segura", ha afirmado el ministro portavoz.
En relación con el régimen sancionador propuesto por el PS, el Gobierno ve con buenos ojos la idea, pero señala que aún hay que concretar qué comportamientos deberían sancionarse y cuál debería ser el procedimiento aplicable.
El papel de la comisión legislativa
Casal ha recordado que el ejecutivo no formula enmiendas al texto, sino una "valoración global y genérica" para que sea tenida en cuenta por la comisión legislativa, órgano que se encargará de trabajar la proposición.
En cuanto a la presentación del patrimonio de los cargos públicos y a la posibilidad de que esta información sea accesible para la ciudadanía, el ministro portavoz ha remarcado que la declaración ya se hace y que se deposita ante notario. También ha indicado que, en caso de una actuación judicial, el acceso a esta documentación podría servir para valorar, por ejemplo, un posible enriquecimiento indebido.
Con todo, ha añadido que, cuando se presentó la ley, el Gobierno ya se mostró contrario a la publicidad de estos datos para evitar consultas motivadas por "intereses no suficientemente legítimos".
