El Gobierno se plantea cambiar todos los NIA por la filtración de la CASS, pero de momento nadie dimite

El ejecutivo estudia una medida drástica que podría comportar importantes problemas administrativos y afectar a miles de ciudadanos

17 de noviembre de 2026 a las 18:45h

El Gobierno de Andorra se plantea la posibilidad de cambiar todos los números de identificación administrativa (NIA) a raíz de la filtración masiva de datos de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Una medida extraordinaria que, si finalmente se materializa, podría obligar a modificar los identificadores personales utilizados en numerosos trámites y sistemas administrativos del país. Mientras tanto, a pesar de la magnitud del incidente, de momento no se ha anunciado ninguna dimisión ni ningún cese entre los responsables de la institución.

La filtración, que ha afectado a datos vinculados a 477.238 NIA, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de un sistema que gestiona información personal de prácticamente toda la población. Ante esta situación, el ejecutivo estudia posibles medidas para evitar que los identificadores comprometidos puedan ser utilizados fraudulentamente. Entre las opciones que se plantean se encuentra la sustitución generalizada de los números, una decisión que tendría consecuencias mucho más allá de la propia CASS.

Los NIA constituyen un elemento esencial para identificar a los ciudadanos en diferentes procedimientos administrativos. Cambiarlos de manera masiva podría comportar la necesidad de adaptar sistemas informáticos, actualizar registros, revisar procedimientos y garantizar que los datos asociados a cada persona continúen correctamente vinculados al nuevo identificador. Todo ello supondría un despliegue técnico y organizativo considerable, con costes económicos y posibles incidencias para los ciudadanos, las empresas y las administraciones.

La paradoja es que, mientras se pone sobre la mesa una actuación de esta magnitud, que podría alterar el funcionamiento habitual de numerosos servicios públicos, las responsabilidades institucionales por la filtración continúan sin traducirse en ninguna consecuencia personal anunciada públicamente.

 

Una filtración masiva que abre interrogantes sobre la seguridad

Según las explicaciones facilitadas por la CASS, los ciberdelincuentes consiguieron los certificados digitales de cuatro patrones domésticos y los utilizaron para acceder al portal de declarantes de la institución. A partir de este acceso efectuaron más de un millón de consultas, que les permitieron obtener información personal asociada a los identificadores, como nombres, apellidos, sexo y datos de nacimiento.

La institución ha asegurado que no se ha detectado ningún acceso directo a las bases de datos que contienen información sanitaria, económica o relacionada con las prestaciones. Sin embargo, el alcance de la extracción plantea preguntas sobre los mecanismos de control y supervisión del sistema, especialmente en lo que respecta a la capacidad de detectar un volumen extraordinario de consultas efectuadas mediante credenciales que, en principio, disponían de un acceso limitado.

La CASS ha explicado que la actividad irregular se detectó después de que un servidor llegara al límite de registros de auditoría. Una circunstancia que también pone el foco en los sistemas de alerta y en los protocolos establecidos para identificar comportamientos anómalos antes de que se produzca una extracción masiva de información.

 

Ninguna dimisión sobre la mesa, al menos públicamente

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, ha reconocido la gravedad de la situación y ha avanzado que el Gobierno podría tomar decisiones en el Consejo de Ministros de este miércoles. El ejecutivo no descarta medidas de gran alcance, pero insiste en que hay que esperar los resultados de las investigaciones para determinar exactamente qué ha pasado.

De momento, sin embargo, no se ha anunciado ninguna dimisión ni ningún cese relacionado con el incidente. Tampoco se ha comunicado públicamente la exigencia de responsabilidades a la dirección de la CASS o a los responsables de la supervisión de sus sistemas informáticos.

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