El Gobierno ha dado este miércoles un paso en la cuestión del aborto, pero se ha quedado lejos de resolver el problema. La modificación del Código Penal aprobada por el Consejo de Ministros permitirá que las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo dejen de ser consideradas responsables penalmente. Sin embargo, la reforma mantiene intacta la penalización de los profesionales sanitarios que practiquen un aborto. En consecuencia, las mujeres dejarán de ser castigadas por una decisión que, en la práctica, continuarán sin poder materializar legalmente dentro del país.
La reforma, que ahora deberá superar el trámite parlamentario, modifica el artículo 117 del Código Penal y responde, según el ministro de Relaciones Institucionales, Ladislau Baró, a la voluntad de compatibilizar la protección constitucional de la vida con la no criminalización de las mujeres. El ministro ha defendido que esta era una de las voluntades políticas del ejecutivo desde el inicio de la legislatura y ha reconocido que el proceso para llegar hasta aquí ha sido complejo. En resumen, que el Gobierno ha hecho unos equilibrios que dejan la cuestión prácticamente en el mismo lugar donde estaba.
Es por ello que el cambio legislativo tiene más trascendencia simbólica que efectos prácticos sobre el acceso al aborto. La despenalización de las mujeres elimina una responsabilidad penal, pero no reconoce el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo ni establece ningún mecanismo para que esta intervención se pueda practicar legalmente en el sistema sanitario andorrano. Tampoco resuelve la situación de las mujeres que tienen que desplazarse al extranjero para abortar, con las dificultades económicas, psicológicas, personales y logísticas que esto puede comportar.
El mismo Baró ha confirmado que la reforma no modificará la situación de los profesionales médicos, que continuarán expuestos a responsabilidades penales si practican una interrupción del embarazo, independientemente de las circunstancias. El ministro lo ha justificado por un "imperativo constitucional muy claro".
Esta es, precisamente, la principal contradicción de la reforma. El Gobierno considera que una mujer no debe ser criminalizada por abortar, pero mantiene la criminalización de quien podría ayudarla a hacerlo. Se despenaliza la decisión, pero se sigue impidiendo legalmente la intervención. Así, el problema no desaparece: simplemente se modifica la manera como queda reflejado en el Código Penal.
Una reforma condicionada por el modelo institucional
La propuesta es el resultado de las negociaciones mantenidas con la Santa Sede, que considera la prohibición del aborto una cuestión esencial de su doctrina. El Gobierno ha buscado una fórmula que permita introducir cambios legislativos sin poner en cuestión el actual modelo institucional andorrano, en el que el obispo de Urgell ejerce como copríncipe episcopal.
Baró ha reconocido que, desde el inicio de la legislatura, ya se había advertido que el margen de maniobra sería estrecho. Pero aún lo ha sido más cuando se perdió la ventana de oportunidad cuando el anterior Papa estaba dispuesto a hablar de ello, pero entonces el tema no era lo suficientemente prioritario para el ejecutivo demócrata. Baró dice que el Gobierno considera que ha logrado encontrar un punto de equilibrio entre sus aspiraciones políticas y las limitaciones institucionales.
El proyecto de ley se tramitará por la vía de urgencia en el Consell General, con la voluntad de que pueda ser aprobado lo antes posible.
Añadir La Ciutat como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad