El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, en una sesión extraordinaria, a propuesta de la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, la suspensión transitoria de las autorizaciones de inversión extranjera en inmuebles. La medida se tramitará con carácter inmediato con el objetivo de que se debata y vote en el Consejo General el próximo jueves 7 de septiembre.
Ante el fuerte incremento en materia de inversión extranjera en inmuebles en Andorra y para garantizar un crecimiento sostenible, el Gobierno, dando cumplimiento a un punto destacado del programa electoral, apuesta también por revertir directamente en el Estado la capacidad económica de esta inversión extranjera a través de un impuesto que, próximamente, gravará la inversión extranjera en inmuebles. Mientras no se alcanza esta meta, y con el fin de evitar un efecto llamada de los potenciales inversores en este impasse normativo, el Gobierno ha optado por la fórmula de entrar a trámite este martes el Proyecto de Ley de suspensión de la inversión extranjera en inmuebles en el Principado de Andorra, y que éste sea tramitado -de acuerdo con el artículo 60.1 de la Constitucióncon carácter de extrema urgencia y necesidad. El objetivo es desincentivar las compraventas con fines especulativos.
Así lo ha destacado el jefe de Gobierno, Xavier Espot, que ha ofrecido una comparecencia ante los medios de comunicación, junto con la ministra Conxita Marsol. Asimismo, la titular de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda ha enmarcado la moratoria como una medida puntual que contribuirá a afrontar la problemática que tiene el país de falta de viviendas de alquiler a precio asequible, y como el paso previo necesario durante este otoño para el establecimiento de un tributo sobre la inversión extranjera en inmuebles.
El Gobierno plantea implantar un tributo sobre la inversión extranjera en inmuebles que será destinado a fomentar medidas en beneficio de los ciudadanos como infraestructuras, proyectos de diversificación económica o el incremento del parque público de viviendas de alquiler. En paralelo trabajará para hacer realidad un tributo para aquellos inversores extranjeros que desinviertan en Andorra antes de un período determinado.
Mientras se fija el tributo la voluntad es trabajar en la actualización de la Ley de inversión extranjera y presentarla durante el primer trimestre de 2024. El Gobierno ha comunicado la medida a los grupos parlamentarios, a los cuales ha ofrecido mano tendida para recoger las aportaciones para la modificación de la Ley de inversión extranjera. En este sentido, Xavier Espot ha explicado que se ha optado por adoptar la moratoriamientras no se establece el tributo que tendrán que pagar los extranjeros que quieran invertir en inmuebles y, en paralelo, trabajar en una modificación de la Ley a través de un proyecto participativo y plural.
El jefe de Gobierno ha aprovechado la comparecencia para apelar a la colaboración y sentido de Estado de los comunes para obtener los estudios de capacidad de carga que permitirán saber los límites que habrá que establecer con relación a la construcción inmobiliaria y garantizar la sostenibilidad del país.
