El secretario de Estado de Transición Digital y Proyectos Estratégicos, Cesar Marquina, ha presentado este lunes por la tarde el Proyecto de ley de medidas para la seguridad de las redes y de los sistemas de información. El texto legal tiene por objetivo garantizar la ciberseguridad, uno de los pilares más importantes para alcanzar los principios de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en el actual contexto digital. "El texto, de nueva creación, permitirá reforzar la seguridad de los actores implicados y esenciales contra posibles ciberataques", ha asegurado Marquina. Así, el proyecto de ley permite regular el refuerzo de la resiliencia de las entidades esenciales y la seguridad de las redes y de los sistemas de información utilizados para la prestación de servicios esenciales e importantes en el Principado de Andorra. "La ley es la herramienta fundamental para vertebrar un ecosistema digital más seguro y es la pata que debe permitir llenar de contenido la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Andorra", ha resaltado el secretario de Estado.
Tal y como ha explicado Marquina, el texto sigue la normativa europea actual y la adapta a la realidad andorrana, y establece que cada una de las entidades que estén sujetas a la ley tendrá la obligación de desarrollar el plan de seguridad adecuado para cada caso.
Será necesario que desarrolle la identificación y gestión de los riesgos para los servicios que la clasifican como esencial o importante, de forma proporcionada en relación con los riesgos que presentan las redes y los sistemas de información que se utilizan. La voluntad es reducir su riesgo de sufrir ciberincidencias graves hasta un nivel que la autoridad de control considere suficiente, sobre la base de unos criterios definidos, y las que quedan obligadas a notificar en un plazo de 72 horas sus incidentes de ciberseguridad para, entre otras razones, evitar su propagación.
En este contexto la autoridad de control, la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Andorra y la Autoridad Financiera Andorrana (AFA), será la encargada de supervisar la responsabilidad proactiva de las entidades, con capacidad para sancionarlas e, incluso, imponer prohibiciones temporales.
El proyecto de ley, que ahora entrará a trámite parlamentario, identifica cerca de una sesentena de entidades, públicas y privadas, que se verán afectadas por el texto, ya que deben ser empresas de más de 50 trabajadores o con un volumen anual de negocio de 10 millones de euros, además de ser consideradas una actividad importante o esencial. Finalmente, el proyecto de ley también establece un régimen sancionador por el incumplimiento de los aspectos previstos con multas que pueden ir de los 500 a 100.000 euros. Con la voluntad de que las empresas puedan adaptarse a la nueva normativa, el régimen sancionador no entrará en vigor hasta dos años después de la aprobación de la ley.
El texto legal, tal y como ha explicado Marquina, se ha trabajado con los diversos actores implicados con el fin de establecer una normativa transversal y completa y adecuada a las necesidades actuales.
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