La ministra de Administraciones Públicas, Trini Marín, y la ministra de Asuntos Sociales, Juventud e Igualdad, Judith Pallarés, han presentado este martes por la tarde el Proyecto de ley de modificación de la Ley de la Función Pública, que adapta el texto de 2019 con aspectos de mejora tras la aplicación práctica del texto y al mismo tiempo impulsa la optimización de los recursos teniendo en cuenta la modernización de la gestión pública.
Así, entre los aspectos principales que son objeto de modificación, está el de recuperar la condición de funcionarios y trabajadores públicos interinos, en lugar de las terminologías que se recogen en la ley de 2019. También se define la jornada laboral en un cómputo anual de máximo 1.800 horas y se incluye la reserva de plazas para los nacionales andorranos –siguiendo la norma UE–, así como el hecho de que los edictos de movilidad entre administraciones se harán en segunda convocatoria para facilitar la promoción interna y la carrera profesional.
Pallarés –que ha comparecido hoy dado que ostentaba el cargo de ministra de Función Pública y Simplificación de la Administración cuando se iniciaron los trabajos de modificación de la ley– ha explicado que en el Proyecto de ley se prevé el teletrabajo vía reglamentaria y se concreta el articulado sobre el procedimiento disciplinario. Además, se amplía a todas las administraciones la posibilidad de acogerse a programas de empleo específicos con acuerdos entre entidades.
También se contempla la posibilidad de excedencia con reserva de plaza a los trabajadores públicos que deban realizar entrenamientos para representar al país en eventos deportivos profesionales, y se incorporan las contrataciones por períodos durante el año (fijo discontinuo).
Finalmente, en el texto se regulariza la plaza de secretarios/secretarias de ministros, se incluye la opción de realizar un proceso de selección para la designación de los directores y se otorgan competencias sobre la valoración de las incompatibilidades al Comité Técnico de organización y gestión con la participación de los sindicatos. En el Proyecto de ley se acepta una revisión del acceso a una segunda ocupación laboral y se modifica el umbral del 120% a un salario igual o inferior al salario medio interprofesional.
