El gobierno concede 154,3 millones de euros en avales para empresas

05 de julio de 2022 a las 18:30h

El programa extraordinario de avales para empresas y negocios ha concedido un total de 154,3 millones de euros, de los cuales ya se han devuelto 46,1 millones. El volumen de créditos que se han convertido en préstamos asciende a 96,2 millones de euros, mientras que los créditos fallidos, correspondientes a 23 empresas o negocios, es de 1,2 millones de euros. El ministro de Finanzas y Portavoz, Eric Jover, acompañado del secretario de Estado de Asuntos Financieros Internacionales, Marc Ballestà, ha explicado que actualmente el 30% de los llamados créditos blandos ya han sido devueltos y que la cifra de morosidad es de solo el 0,78%.

Eric Jover ha afirmado que los programas de avales han ofrecido tranquilidad y estabilidad a las empresas y negocios que se vieron afectados por la irrupción de la crisis sanitaria de la COVID-19 y por las consecuencias que ha tenido sobre el tejido productivo de Andorra. Un programa aún vigente que hoy por hoy permite aportar liquidez a las empresas, sin que la devolución de los préstamos ponga en peligro su viabilidad y sin el impacto de los tipos de interés en la financiación.

Jover y Ballestà han expuesto el balance de las dos fases de los programas de créditos blandos, detallando que el volumen de créditos que se han convertido en préstamos, para ser devueltos en un máximo de 7 años, es de 96,2 millones. Tal y como ha expuesto el titular de Finanzas, esta medida aprobada en septiembre de 2021, de conversión en préstamo de la deuda pendiente correspondiente al primer y al segundo programas extraordinarios de avales para empresas y negocios, ha tenido un amplio alcance de impacto y está facilitando la devolución de los préstamos otorgados.

En cuanto a la morosidad, el ministro ha apuntado que el Ejecutivo hará un seguimiento de los impagos, si es necesario, por vía judicial. Jover también ha hecho referencia a las tareas de inspección que se llevan a cabo para comprobar que no se da un uso fraudulento al dinero público, y que si se comprueba el mal uso se exigirían responsabilidades.