El coordinador y la investigadora del área de Sociología de Andorra Investigación e Innovación, Joan Micó y Pepita Batalla, han presentado este martes los resultados del estudio sobre la inmigración en Andorra realizado durante 2022 por el grupo de Sociología de AR+I. Según el estudio, un 60% de la población de Andorra considera que se debe mantener el actual sistema de entrada de trabajadores inmigrantes. El porcentaje de encuestados que consideran que se debería facilitar más la entrada de trabajadores inmigrantes es del 25,5% mientras que un 14% piensa que se debería restringir. Un 82% de los encuestados considera que no se debería dar preferencia a la entrada de inmigrantes de algunos países en concreto, por un 17% que sí piensa que se debería hacer.
Un 85% de la ciudadanía considera que la inmigración es positiva para el país, un 6% la considera negativa y un 9%, ni positiva ni negativa. Según los resultados de la encuesta de AR+I, el motivo principal por el que se considera la inmigración como positiva para el país es porque los recién llegados cubren el excedente de oferta de trabajo que hay. Un 95% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación “los inmigrantes son necesarios para el funcionamiento de la economía andorrana”.
Por otro lado, un 73% de encuestados considera que “los inmigrantes ocupan puestos de trabajo que no quieren los andorranos”. Los que más lo afirman son los encuestados de nacionalidad portuguesa y los provenientes de América Latina. Los datos del estudio de AR+I indican que no hay una percepción generalizada de competencia entre los trabajadores por la llegada de inmigrantes, que está regulada en función de las necesidades del mercado laboral. La población de Andorra tampoco considera mayoritariamente que “el aumento de inmigrantes favorece que se produzcan más conflictos sociales” (50%), ni que “el aumento de inmigrantes hará que en Andorra se pierda la lengua catalana” (51%), aunque hay un porcentaje importante, del 45%, que sí lo piensa.
La mayoría de encuestados está de acuerdo en que los inmigrantes puedan traer a su pareja e hijos a vivir a Andorra (95%), que puedan acceder a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones que los andorranos (90%) y que puedan obtener más fácilmente la nacionalidad andorrana (54%). Aún en relación con los derechos políticos, la mayoría de las personas encuestadas por AR+I están de acuerdo en que los extranjeros que residen y trabajan de forma estable en Andorra puedan votar en las elecciones comunales (78%) y, en menor proporción, en las generales (56%).
Aceptación de la diversidad. En la cuestión que plantea la preferencia de no tener como vecinos a determinados grupos de personas, la mayoría de encuestados (75%) afirma que no tienen ningún inconveniente en tener como vecinos a cualquiera de los grupos nacionales. Sin embargo, una parte de los encuestados dice que preferirían no tener como vecinos a personas procedentes de Marruecos (15%) y en menor proporción, latinoamericanos (6%), portugueses (4%) o indios (2%).
“Históricamente, los flujos migratorios han tenido un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades de todo el mundo y han contribuido a la transformación económica, cultural y social tanto de los lugares receptores como de los emisores”, ha explicado Micó. “La realización de este estudio ha servido para analizar las percepciones latentes dentro de la sociedad andorrana hacia la inmigración, a la vez que se ha procurado radiografiar su posición en el ámbito socioeconómico, cultural y juridicopolítico, de acuerdo con los tres ejes principales de segmentación que generan un desarrollo desigual entre la población del Principado”, ha añadido el coordinador del grupo de Sociología de AR+I.
“Los datos demuestran que hay una dualización del mercado laboral marcada, en parte, porque generalmente una parte importante de la población inmigrada ocupa los puestos de trabajo menos cualificados o de carácter temporal, a la vez que se ve limitada la oportunidad de acceder a sectores como las administraciones o ciertos sectores profesionales por un marco legal en materia laboral que ha priorizado tradicionalmente a la población local por delante de la extranjera”, ha argumentado Batalla.
