La CUP de La Seu d'Urgell ha cargado duramente contra el Gobierno y le acusa de desarrollar políticas migratorias "orientadas esencialmente al aprovechamiento de mano de obra temporal". A través de una nota de prensa hecha pública este miércoles, la formación asegura que, desde hace años, se contratan trabajadores extranjeros a los que "se les conceden permisos de residencia y trabajo temporal sin ninguna pretensión de garantizar sus derechos ni ofrecer ningún tipo de estabilidad". Este modelo, añaden, "no solo facilita la incorporación laboral precaria, sino que evita deliberadamente la inversión en servicios públicos esenciales: ni en políticas de acogida, ni de vivienda, ni en redes de protección social".
Además, desde la CUP se afirma que con la reciente aprobación de la ley ómnibus, "el gobierno andorrano endurece aún más los requisitos para el reagrupamiento familiar y refuerza los controles contra el llamado 'reagrupamiento fraudulento', cancelando permisos si se detectan irregularidades". De este modo, critican con el sistema capitalista en Andorra "se manifiesta con una dureza y exclusión especialmente notables".
Paralelamente, exponen que "mientras -Andorra- se aprovecha de la mano de obra de las personas provenientes de otros países, el Estado andorrano externaliza de manera cínica los costes sociales a las administraciones públicas catalanas". Desde la CUP, por tanto, "tenemos claro que el problema no es la presencia de personas provenientes de otros países —las migraciones son un hecho recurrente a lo largo de la historia—, sino un sistema capitalista que segrega, excluye y precariza vidas".
Por todo ello, reclaman al ayuntamiento de La Seu una serie de acciones para hacer frente a esta situación, entre las que hay "una reacción clara y contundente hacia las autoridades andorranas"; "que se ponga fin a la criminalización de las personas migradas"; "que se implanten medidas sociales y públicas inmediatas en La Seu d'Urgell y en la comarca para paliar esta situación"; "que se aprueben y apliquen con urgencia medidas específicas en materia de vivienda"; o "que se eliminen todas aquellas trabas administrativas que obstaculizan el proceso de regularización de las personas migradas", entre otras.