El Grupo Parlamentario de Concòrdia ha presentado un conjunto de modificaciones significativas al proyecto de ley del impuesto sobre la inversión extranjera inmobiliaria en el Principado de Andorra. Las enmiendas abarcan varios aspectos clave de la legislación para garantizar una regulación justa y equitativa que promueva el desarrollo sostenible del mercado inmobiliario en el país.
Entre las enmiendas presentadas, las más relevantes tienen como finalidad frenar la tensión especulativa del mercado de la vivienda de Andorra. Por este motivo, desde Concòrdia se propone, en primer lugar, ampliar las tipologías de residencia en Andorra que estarán sometidas al impuesto para incluir a las personas residentes en Andorra con actividad económica principal fuera del país (conocidos como residentes pasivos), que serían los titulares de autorizaciones de residencia sin trabajo, y también a los titulares de permisos de residencia para nómada digital.
En segundo lugar, y a diferencia de la posición del Gobierno, se establece un tramo impositivo único y equivalente al 10% sobre el valor real de la inversión extranjera inmobiliaria efectuada, con el objetivo principal de priorizar las adquisiciones de inmuebles a aquellas personas que viven y trabajan en Andorra.
En la misma línea, y en oposición rotunda a la visión expresada por parte del Gobierno en el proyecto de ley permitiendo la adquisición de más de 10 inmuebles por parte de personas extranjeras no residentes, el grupo parlamentario de Concòrdia propone establecer límites máximos a las inversiones extranjeras a 1 sola vivienda por persona extranjera no residente. Una medida imprescindible para responder a la espiral inflacionaria que sufre actualmente el mercado de la vivienda de Andorra.
Finalmente, Concòrdia también propone, con el objetivo de minimizar el riesgo de efecto llamada que producirá el establecimiento del impuesto y la futura modificación de la Ley de inversión extranjera, de mantener vigente la suspensión transitoria de la inversión extranjera inmobiliaria hasta que el Consell General no haya modificado la Ley 10/2012 de inversión extranjera en el Principado de Andorra. Conviene recordar que el Gobierno se comprometió durante el debate de Estado de la vivienda, celebrado el pasado 16 de noviembre, a modificar inmediatamente la Ley de inversión extranjera, en consenso con el resto de grupos parlamentarios.
Este conjunto de enmiendas refleja el objetivo del Grupo Parlamentario de Concòrdia de mejorar la legislación existente para asegurar un marco normativo equilibrado y beneficioso para la comunidad andorrana. Las modificaciones sugeridas abordan las preocupaciones actuales sobre el acceso a la vivienda y el impacto de la inversión extranjera en el mercado andorrano.