Los consejeros generales de Concòrdia, Maria Àngels Aché y Pol Bartolomé, han presentado hoy en Sindicatura una pregunta escrita dirigida al Gobierno sobre el plan de prevención de los efectos de las olas de calor en la salud de las personas.
Aché y Bartolomé han preguntado si el Gobierno dispone de un plan específico y relativo a la prevención de los efectos de las olas de calor para la salud de los ciudadanos y si éste prevé mecanismos de coordinación con los municipios para hacer frente, de forma conjunta y coordinada, al impacto de las olas de calor en la salud de las personas.
Los consejeros generales de Concòrdia también han solicitado cuál es el posicionamiento del Gobierno respecto a los refugios climáticos y si dispone de espacios públicos en las diferentes parroquias del país que, eventualmente, podrían formar parte de una red pública de espacios “de refugio climático”, entendiendo éstos como espacios interiores o exteriores que proporcionan confort térmico a la población en un contexto de altas temperaturas (o de extremo frío en invierno).
Finalmente, Bartolomé y Aché han preguntado si existen medidas aplicables a las empresas y/o a las administraciones públicas dirigidas a reducir o compactar el horario de la jornada laboral de los profesionales que desarrollan su actividad en el exterior y que sufren especialmente las temperaturas extremas durante los períodos afectados por fenómenos meteorológicos adversos, y en caso de ser así, cuáles son estas medidas.
La motivación de estas preguntas radica en el Acuerdo de reconocimiento de la crisis climática y la declaración del estado de emergencia climática y ecológica adoptado por el Consejo General en enero de 2020, y del hecho de que los efectos de la emergencia climática son cada vez más evidentes, con un incremento notable de los fenómenos climáticos extremos como, por ejemplo, las sequías, las inundaciones fruto de fuertes tormentas y, especialmente, las olas de calor. En este sentido, entre el conjunto de efectos desafortunados y provocados por las olas de calor, destaca su impacto en la salud de la población, particularmente en el caso de las personas mayores y de los grupos sociales más vulnerables.
Además, Aché y Bartolomé destacan que la situación de emergencia climática nos obliga a replantear el modelo urbanístico de Andorra favoreciendo una mayor protección de los espacios verdes y mediante la creación de una red pública de refugios climáticos que faciliten una mejor adaptación de la ciudadanía a un clima marcado por las altas temperaturas, así como desarrollar planes de actuación específicos para prevenir los efectos de las olas de calor en los grupos poblacionales más vulnerables mediante -por ejemplo- la elaboración de una guía y de un plan de prevención que guíe a los municipios y las diferentes administraciones a la hora de hacer frente, de forma conjunta y coordinada, al incremento repentino y extremo de las temperaturas.
