El grupo parlamentario Concòrdia ha pedido al Gobierno de Andorra una rectificación pública a raíz de las declaraciones hechas en la ONU por el embajador y representante permanente en Ginebra, Ferran Costa, sobre la situación del aborto en el Principado. La formación considera que las explicaciones en nombre del Ejecutivo son “profundamente desafortunadas y preocupantes”.
Según Concordia, el enfoque utilizado ante el organismo internacional, equiparando el aborto con tratamientos como el del cáncer, resta importancia al debate de fondo. La formación critica que se defendiera que esta situación es una “realidad estructural” del modelo sanitario andorrano, ya que —afirman— esto “no es solo una simplificación, sino que invisibiliza el problema de fondo y el sufrimiento que padecen las mujeres que se encuentran en esta situación, por el hecho de tener que abortar fuera del Principado”.
Actualmente, en Andorra el aborto continúa criminalizado en el Código Penal, y la derivación al extranjero por parte del personal médico es ilegal. Concòrdia subraya que desplazarse fuera del país “no es una cuestión logística del sistema sanitario, sino que es un problema de derechos fundamentales”, y recuerda que las mujeres andorranas se marchan al extranjero porque abortar en el país “todavía es delito”.
La formación también ha lamentado los “mensajes contradictorios” que, a su parecer, Andorra está transmitiendo ante la comunidad internacional. En este sentido, recuerda las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores el pasado mes de noviembre, cuando asumió ante el mismo organismo el compromiso de legislar para la despenalización del aborto. “Andorra no puede seguir ocultando una realidad que la comunidad internacional conoce perfectamente”, apuntan.
Concòrdia recuerda que el Principado es uno de los pocos países europeos donde el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizado en ningún supuesto, ni en casos de violación, malformación del feto o peligro para la vida de la madre. Por ello, instan al Gobierno a actuar con transparencia y “que no recurra al engaño para mejorar su imagen”.
