El ministro de Presidencia, Economía y Empresa de Andorra en funciones, Jordi Gallardo, y el ministro de Justicia e Interior en funciones, Josep Maria Rossell, y el ministro de Territorio y Vivienda en funciones, Víctor Filloy, han mantenido este jueves una reunión con los representantes de la Asociación de Contratistas de Obras de Andorra (ACODA).
El objetivo del encuentro ha sido tratar la situación de los trabajadores extranjeros desplazados temporalmente a Andorra, así como reafirmar la voluntad del Gobierno de abordar de manera decidida esta cuestión junto con el sector.
En este sentido, Gallardo y Rossell han destacado en declaraciones posteriores a la prensa que el Gobierno ha actuado “de manera proactiva” y “con contundencia” a lo largo de los últimos meses para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de esta tipología de trabajadores.
Precisamente, los ministros en funciones han remarcado las acciones transversales que se han impulsado, como inspecciones a empresas de la construcción, con 42 declaraciones a trabajadores del sector, que hasta ahora han resultado en ocho expedientes abiertos. De manera paralela el Cuerpo de Policía ha efectuado más de 600 controles a trabajadores inmigrantes para verificar la legalidad de las condiciones de residencia y trabajo.
Además, tal como ha recordado Rossell, el Consejo de Ministros ha llevado a cabo modificaciones reglamentarias en materia de inmigración con la finalidad de reforzar la protección de los trabajadores temporales desplazados.
El titular de Presidencia, Economía y Empresa en funciones también ha explicado que desde el Gobierno se plantean diferentes ámbitos de actuación. El primero, centrado en el ámbito laboral que se aplica a los trabajadores desplazados temporalmente para que “el ámbito laboral sea de aplicación de Andorra para todos”.
También se estudian posibles modificaciones o regulaciones específicas para abordar el caso de las empresas de la construcción que tienen una actividad centrada en la prestación o cesión de trabajadores. Finalmente, Gallardo ha recordado que el Gobierno continuará con la actividad inspectora realizada hasta ahora.
“El objetivo es que las personas que se desplacen temporalmente a trabajar a Andorra lo hagan con las máximas garantías de que sus derechos laborales estarán respetados y sus condiciones personales también”, ha apuntado Jordi Gallardo. Una voluntad que la ACODA ha compartido con los ministros y sobre la cual los representantes de la asociación han mostrado su compromiso para colaborar con el Ejecutivo.
“Compromiso total por parte de la ACODA a colaborar con un objetivo común que es que todas las personas que vienen a trabajar al país lo puedan hacer con las mejores condiciones posibles, que deben ser las mismas que el resto de trabajadores”, ha afirmado. Todo, ha añadido Gallardo, teniendo en cuenta las necesidades de mano de obra del sector de la construcción para llevar a cabo su actividad con normalidad durante los meses venideros y años.
