El Comú de Andorra la Vella ha desarrollado una nueva normativa para regular el acceso a las viviendas situadas en el complejo del Jovial. Este reglamento, que se someterá a aprobación en la próxima sesión del Consejo de Comú, introducirá un sistema de adjudicación basado en puntos.
Esta nueva metodología premiará con puntuaciones específicas a aquellos jóvenes que deseen emanciparse y residir en alguno de los pisos disponibles. Entre los criterios destacados se incluyen recibir el salario mínimo, ser primera vez que se emancipa o haber vivido durante veinte años en la parroquia.
Adjudicación basada en puntuaciones
Marc Torrent, conseller de Transformación Digital, Sostenibilidad y Vivienda de Andorra la Vella, ha explicado: "A diferencia de los reglamentos anteriores de 2019, ahora ya no nos basaremos en la adjudicación de los pisos por el orden de antigüedad. Los que llevan más tiempo eran quienes tenían preferencia en el orden de adjudicarse los pisos, sino que pasaremos por un sistema de adjudicación de puntos".
Este cambio responde a la voluntad de "priorizar que aquel piso o aquel recurso público vaya destinado a las personas que más lo necesiten" y evitar así adjudicaciones por el "simple hecho de llevar más tiempo en espera", ha añadido Torrent.
Criterios orientados a facilitar la emancipación
La consejera de Social, Juventud y Espacio Ciudadano, Maria Nazzaro, ha resaltado que los criterios están pensados para dar "la oportunidad de independizarte por primera vez en la vida". Asimismo, se ha modificado también el sistema económico asociado a los pisos: según Torrent, "la renta que deberán hacer los nuevos adjudicatarios de estos pisos será el 30% de sus ingresos".
Para garantizar esta proporcionalidad se establecerá una revisión anual de los ingresos individuales. En palabras del consejero: "Estas pueden tener una variación y al final lo que queremos es adaptarnos nosotros a la realidad económica de las personas".
Puntuaciones destacadas y requisitos territoriales
Dentro de los parámetros más valorados figuran percibir un salario mínimo y residir al menos cinco años en la capital —un requisito mantenido desde el reglamento anterior—. Sin embargo, se reforzará aún más con puntuaciones superiores a los jóvenes con veinte años continuados viviendo en la parroquia. Marc Torrent argumenta: "Es una manera de dar puntuación a aquellas personas que llevan más tiempo haciendo comunidad o haciendo barrio".
Asimismo, obtener puntos adicionales será posible si aún no se ha producido ninguna emancipación previa. El consejero detalla: "Aquellas personas que residan en el núcleo familiar tendrán una puntuación más elevada que los que ya están compartiendo piso con otras personas o que ya disponen de una vivienda de jóvenes". También se contempla priorizar especialmente a los jóvenes entre 18 y 22 años.
Mecanismo transparente según necesidad real
Respecto al funcionamiento general del sistema de adjudicación, Torrent declara: "Las viviendas se asignarán en función de quien haya obtenido más puntos de estos cuatro elementos, dando prioridad a las necesidades reales de la gente que tenemos en lista de espera y no en función de la gente que tenemos o del que lleve más tiempo".
Motivaciones derivadas de incidencias detectadas
El impulso del nuevo reglamento viene motivado también por diversas irregularidades detectadas recientemente por el Comú. Concretamente, se identificaron impagos acumulados hasta los 15.000 euros. Sobre este punto Marc Torrent explicó: "Una vez detectados estos dos casos de impagos, se inicia todo el procedimiento con la abogada y el proceso de desahucio. A pesar de haber este acompañamiento social, se detecta que no hay una casualidad social detrás de los casos, sino que era gente que se había aprovechado de la situación".
Asimismo emergieron casos como subarrendamientos ilegales dentro del edificio. Torrent expuso: "Se empiezan a realizar todas las actuaciones de manera coordinada con nuestro departamento jurídico y con la abogada externa para ver qué es lo que podemos hacer y lo que no, y cómo iniciamos este proceso. Finalmente, después de todo el proceso, sí que ha acabado bien porque hemos podido recuperar la vivienda".
Evitando futuras situaciones problemáticas
Ante estas experiencias negativas se decidió implementar esta nueva ordenanza con objetivos preventivos claros: "Lo que pretende también es evitar estas situaciones recurrentes como impagos prolongados o subarrendamientos no autorizados", indica Torrent.
Aplicabilidad del nuevo reglamento
La aprobación inminente hará posible aplicarlo exclusivamente sobre las personas inscritas actualmente en las listas de espera; mientras tanto aquellos residentes vigentes seguirán bajo normativa anterior.
Por otro lado Maria Nazzaro advierte sobre otro aspecto clave relacionado con la congelación de los precios de los alquileres establecida por el Gobierno hasta 2027: "Estaremos atentos a cómo se hará esta descongelación para prever cuál será la afluencia efectiva de las viviendas liberadas donde podrá acceder nueva gente".
Liberación futura de las viviendas congeladas
Bajo este marco hay cerca de una cincuentena de viviendas con contratos finalizados pero afectadas aún por esta medida restrictiva estatal sobre incremento salarial. Nazzaro comenta sobre este escenario: "Tendremos que ver cómo afectarán estas nuevas reglas impuestas por el Gobierno respecto a los contratos vigentes desde 2014".
Torrent amplía esta idea señalando: "Si estos precios se descongelaran repentinamente liberaríamos estas cincuenta viviendas para que puedan ser adjudicadas aplicando los nuevos criterios". En consecuencia las personas salientes tendrían que pasar por el mecanismo renovador basado en puntos antes expuesto.
