Andorra se suma al paquete de sanciones financieras a empresas y particulares rusos establecidos en el país que apoyen el conflicto bélico iniciado el pasado jueves en Ucrania. Así lo ha manifestado este martes el jefe de Gobierno, Xavier Espot, quien ha indicado que, coincidiendo con la celebración del consejo de ministros de este miércoles, el ejecutivo aprobará la entrada a trámite parlamentario de un proyecto de ley para dotar estas acciones de "seguridad jurídica". Así pues, será debatido en el Consejo General el viernes y, si se aprueba, permitirá que Andorra pueda bloquear los activos financieros, si es necesario, de unas cincuenta empresas y 700 particulares que desde la comunidad internacional se consideran fuertemente relacionados e interesados en la situación de guerra que vive el país del este de Europa. "Es una cuestión de convicción y hacer lo que toca, independientemente del impacto económico que pueda comportar", ha aseverado.
De esta manera, Espot ha expuesto que a pesar de estar de acuerdo desde un inicio en la aplicación de limitaciones y sanciones a Rusia, ya que "creemos que es el mejor mecanismo para intentar asfixiar el esfuerzo del conflicto y que se ponga fin a esta situación indeseable lo antes posible", pero ha remarcado la necesidad de dar amparo jurídico a la aplicación de las medidas, remarcando que "nuestro ordenamiento jurídico sólo prevé que se puedan congelar activos y adoptar este tipo de acciones si hay una orden judicial, que no es el caso, o si hay sospechas de blanqueo o financiación del terrorismo, pero tampoco es el caso que nos ocupa", por lo que ha afirmado que "no tenemos el apoyo legal suficiente". Así, gracias a un preacuerdo han constituido un grupo de trabajo donde participa el gabinete jurídico del Gobierno, el ministerio de Finanzas y el de Asuntos Exteriores para elaborar el proyecto de ley.
En cuanto a las sanciones, el jefe ha detallado que se tratan de multas financieras, las cuales abordan la congelación de activos de las empresas y particulares vinculadas con "el régimen ruso" que estén establecidos en el país, y también figuran medidas de bloqueo del espacio aéreo y la posible eliminación de exportaciones hacia Rusia, las cuales "por mucho que las adoptáramos el impacto sería nulo" porque no tendrían afectación. Sin embargo, ha puesto de manifiesto que todavía se tiene que analizar si alguna de las empresas o particulares que desde la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países como Canadá o el Reino Unido consideran que apoyan el conflicto armado se encuentra en el Principado, un trabajo que se llevará a cabo tan pronto como se apruebe este viernes el proyecto de ley.
Cuestionado sobre la aceptación de la iniciativa por parte de los diferentes grupos parlamentarios ha indicado que "creo que la apoyarán" y que aquellos que no estén a favor, sean grupos parlamentarios o consejeros no adscritos, "tendrán que explicar por qué motivo no lo hacen", pero, en todo caso, ha resaltado que "no me quiero centrar en opiniones minoritarias que valen lo que valen". Por otra parte, también ha notificado que a pesar de que se trata de un proyecto de ley que se tramitará por extrema urgencia y "quizás no tendremos suficiente tiempo", una de las voluntades del ejecutivo es "crear un marco jurídico que nos pudiera servir para posibles próximas ocasiones futuras", aparte de dar respuesta a la realidad actual.
El líder del ejecutivo también ha puesto de relieve que se trata de la primera vez que Andorra se suma a las sanciones, por lo que "constituye una novedad". Espot ha señalado que ante la adhesión de otros países, "no se entendería que Andorra no hiciera lo mismo". "Creo que esta unión que estamos constituyendo entre todos los países, incluso algunos de ellos muy neutrales hasta el momento, como Suecia y Suiza, da un mensaje de esperanza que nos infunde mucho optimismo ante la situación que estamos viviendo estos días", ha aseverado. Además, el Gobierno ha convocado una manifestación pacífica para pedir la paz y el final de la guerra este miércoles a las 12.45 horas ante el edificio administrativo, en la calle Prat de la Creu.
Ayuda humanitaria
En referencia a la ayuda humanitaria que el Principado puede ofrecer a las víctimas civiles del conflicto entre Ucrania y Rusia, ha apuntado que las personas afectadas "tienen que saber que pueden residir hasta tres meses en nuestro país en régimen turístico sin ningún tipo de autorización concreta", pero también ha recordado que si a partir de aquel momento no disponen de una autorización "tendrán que abandonarlo". "Tenemos tres meses de margen, lo cual nos da un poco de tiempo para poder analizar qué vías de solución podemos aportar desde la perspectiva humanitaria", ha dicho. Además, ha añadido que la ayuda humanitaria "no sólo consiste en acoger refugiados", sino también en trabajar sobre el terreno, por lo que colaboran con la Cruz Roja Andorrana, quien está en contacto con la asociación de Ucranianos en el país. Por otra parte, ha destacado que también existe la posibilidad de que las personas provenientes del país del este de Europa que tengan familia en el Principado pueden acogerse a la reagrupación familiar.
