La Ley de economía circular ya es una realidad, tras su aprobación unánime en el Consejo General, en la sesión celebrada este jueves por la tarde. Representa un paso más en el compromiso de Andorra con la preservación del medio ambiente y de un crecimiento sostenible, a través de un cambio de paradigma del modelo económico productivo, pasando del lineal al circular, para optimizar los recursos y minimizar los impactos ambientales. Así, el proyecto de ley establece acciones, tanto para particulares como para empresas y las administraciones, para reducir el desperdicio alimentario y la generación de residuos, con el objetivo de cambiar los hábitos de consumo de la ciudadanía para potenciar el reciclaje y la reutilización, alargando al máximo la vida útil de los productos.
El consejero general del Grupo Parlamentario Demócrata, Joan Carles Ramos, ha manifestado en su intervención que el actual mundo "materialista, con necesidades energéticas nunca antes vistas, genera volúmenes ingentes de residuos y contaminación", motivo por el cual ha definido esta ley como "de pura necesidad, porque el planeta y las nuevas generaciones nos lo exigen". Por ello, entre otras medidas, la ley regulará la importación de los productos de un solo uso, fomentará los productos locales y de temporada y añadirá responsabilidades para productores e importadores a fin de garantizar una gestión responsable a favor de la reutilización y el reciclaje.
En este sentido, la ley se marca unos criterios ambiciosos como son el incremento de los niveles de reciclaje de residuos urbanos por encima del 60% y reducir un 10% su producción. Sobre estas cifras, el presidente suplente del GPL, Marc Magallon, ha subrayado que "implicará muchos esfuerzos, pero que es el único camino a seguir: disminuir los residuos que generamos, especialmente los plásticos y el desperdicio de alimentos".
Por otro lado, Magallon también ha incidido en el hecho de que este texto nos acerca a los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de reciclaje. "De esta manera nos alinearemos con las directivas europeas y nuestro marco legal será compatible con el de los países vecinos" ha resaltado.
Finalmente, el presidente suplente del grupo de Ciudadanos Comprometidos, Raul Ferré, ha recordado que este texto implica un cambio de hábitos "en todos los sectores". Por ejemplo, en la construcción las empresas deberán garantizar el reciclaje de residuos y favorecer la reutilización de los materiales empleados; en la restauración deberán priorizar la compra a granel y eliminar los productos monodosis; los distribuidores deberán eliminar los envoltorios y envases de plástico y porexpan; mientras que las administraciones estarán obligadas a incluir criterios de economía circular en los concursos públicos y contrataciones.
Ferré ha defendido que avanzar hacia la economía circular "comporta muchos beneficios, los evidentemente medioambientales, pero también empresariales como el aumento de la competitividad, la promoción de la innovación y nuevas oportunidades de negocio y la generación de nuevos puestos de trabajo".
Los activos digitales, un nuevo sector para el país con mucho potencial
Un otro punto destacado del orden del día de la sesión parlamentaria de este jueves ha sido la aprobación de la Proposición de ley de la representación digital de activos mediante el uso de la criptografía y de la tecnología de libro registro gratuito y 'blockchain'. En su intervención, el consejero del Grupo Parlamentario Demócrata, David Montané, ha defendido la necesidad de diversificar la economía "en consonancia con la aparición de nuevos sectores productivos", que "sumarán y tendrán una importancia cada vez más capital en el crecimiento de Andorra". Uno de estos sectores es precisamente el de los activos digitales, "con un potencial de crecimiento exponencial". La ley hoy aprobada (con los votos de los grupos de la coalición y de Terceravia) "sienta las bases para posibilitar que este nuevo sector se empiece a abrir al país".
Por su parte, desde el GPL, Marc Magallon, ha destacado la homogeneización del lenguaje que aporta la proposición de ley. "Todos usaremos el mismo lenguaje a la hora de referirnos a todos los conceptos y acciones que rodean esta red global" ha remarcado. También ha indicado que el texto detalla las competencias de los actores en este ámbito, "describiendo qué y quién puede representar digitalmente un activo y cómo se llevarán a cabo las autorizaciones, supervisiones y control de estos".
Por último, Carles Naudi d'Areny-Plandolit, presidente del Grupo de Ciudadanos Comprometidos, ha remarcado el potencial de la proposición de ley que "permitirá diversificarnos como país y crear puestos de trabajo de calidad, pero a la vez también generar oportunidades para los que vivimos en Andorra sea cual sea nuestra ocupación". En este aspecto, ha recordado que "también regula los plazos para que Gobierno y la AFA terminen todas aquellas partes financieras de la ley, es decir, los activos digitales financieros, para de este modo alcanzar el 100% de la potencialidad económica del texto".
Durante la sesión del Consejo General también se ha aprobado facultar al Gobierno dos meses más para que pueda establecer medidas contra la propagación de la Covid-19 y para proteger la salud pública de los ciudadanos. "Debe seguir presidiendo el criterio de prudencia" aplicado hasta la fecha, ha defendido la consejera general Demócrata Ester Molné, que ha alabado las medidas tomadas por el Gobierno hasta la fecha y su proporcionalidad en función de la evolución sanitaria.
Finalmente, se ha admitido la propuesta de acuerdo presentada por el Partido Socialdemócrata sobre la figura del tercer pagador en la sanidad pública. En este punto, la consejera general Demócrata Sandra Codina ha defendido la ampliación del tercer pagador "a más colectivos hasta hacerlo extensivo a toda la población". Se empezará por la gente mayor este otoño, ha avanzado. Ahora bien, "la ampliación debe irse haciendo sin dar un salto demasiado grande que comprometa la calidad de nuestra sanidad", ha planteado.