El Gobierno de Andorra quiere incluir la actividad en plataformas como OnlyFans dentro del concepto legal de prostitución con la reforma del Código Penal que prevé aprobar próximamente. La ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, ha anunciado que el texto podría pasar a aprobación del Consejo de Ministros la próxima semana o como muy tarde la siguiente.
Según ha explicado la ministra, la reforma responde a recomendaciones internacionales, especialmente en ámbitos como el blanqueo de dinero, y también incorpora novedades como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y un refuerzo de la protección ante la violencia digital.
OnlyFans, en el centro del debate
Una de las cuestiones que ha impulsado esta modificación legal es el auge de plataformas digitales como OnlyFans. El Gobierno encargó un informe para determinar si las actividades sexuales remuneradas en internet podían considerarse prostitución.
Según Molné, la conclusión del informe es clara: la prostitución digital también debe incluirse dentro de la definición legal de prostitución. Por ello, la reforma del Código Penal ampliará el concepto para que incluya las conductas sexuales en línea cuando hay interacción y una remuneración económica.
La ministra ha asegurado que plataformas como OnlyFans “también se considerarán prostitución”, una medida que, según el Gobierno, debe permitir reforzar la protección de los menores y de las personas vulnerables ante la violencia digital.
Actualmente, la prostitución física ya está prohibida en Andorra a través de la Ley de Seguridad Pública. Con la nueva reforma, esta prohibición se extenderá también al ámbito digital. Esto significa que las actividades sexuales remuneradas a través de internet no se podrán ejercer legalmente en el país.
Multas y sanciones
A pesar de la ampliación del concepto legal, las sanciones previstas no cambiarán sustancialmente. Según ha detallado Molné, se mantendrán las multas por infracción administrativa, pero ahora el marco legal incluirá también la prostitución digital.
La reforma, según el Gobierno, pretende adaptar la legislación a las nuevas realidades de internet y reforzar la protección ante las conductas sexuales remuneradas en línea.
