El ministro de Territorio y Vivienda en funciones, Víctor Filloy, junto con la jefa de Área de Urbanismo, Cristina Antelo, y el representante de las entidades cívicas de la Comisión para el fomento de la accesibilidad, Miquel Llongueras, ha presentado este jueves el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Accesibilidad. El objetivo del nuevo texto es introducir cambios en la normativa en vigor desde 1995, para adaptarla al contexto actual, teniendo también en cuenta la evolución del concepto de accesibilidad en los últimos años.
Filloy ha enfatizado que el anteproyecto no es una normativa que haya aprobado el Gobierno, sino que se trata de un texto consensuado y estabilizado con las entidades cívicas y sociales del país en relación con la accesibilidad. Por lo tanto, ha añadido, la presentación de hoy del texto ha servido para informar de un trabajo participativo llevado a cabo que se pondrá a disposición del próximo Gobierno para que lo analice y valore, en su caso, su aprobación.
El titular de Territorio y Vivienda en funciones ha explicado que el cambio de mirada es importante respecto a la accesibilidad, ya que actualmente se debe entender que no es la persona quien tiene una discapacidad, sino que es el entorno, el servicio o el producto que genera una barrera o un impedimento para la persona. Así, ha añadido, ya no podemos hablar de accesibilidad para las personas con discapacidad, sino de accesibilidad universal, para todas las personas, y esta debe estar presente en cualquier situación cotidiana.
Por este motivo, ha apuntado Antelo, el anteproyecto de ley supone un paso adelante en el marco legal andorrano que adapta la actual ley a los parámetros internacionales, adecuándose específicamente al Convenio relativo a los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. El nuevo texto remarca el concepto de accesibilidad como las condiciones usables y comprensibles que debe cumplir cualquier entorno, para que todo el mundo pueda servirse en condiciones de igualdad. A la vez introduce en su redactado el concepto de diseño universal como condición útil y necesaria, no solo para la vida de las personas con discapacidad o diversidad funcional, sino también para el conjunto de la población. Por lo tanto, el anteproyecto de ley tiene la finalidad de avanzar en una sociedad más inclusiva.
De esta manera, el texto abarca tres dimensiones: arquitectónica, digital y cognitiva. En cuanto a la arquitectónica, se establece la importancia de la supresión de barreras y la eliminación de obstáculos. Dos cuestiones que van dirigidas, por ejemplo, a personas usuarias de sillas de ruedas, con movilidad reducida o de edad avanzada, así como a personas con ceguera o baja visión.
En relación con la cuestión digital, el anteproyecto de ley recoge el objetivo de un diseño universal o formatos alternativos de acceso a la información (visual, auditiva, lectura de texto a voz, lectura fácil, etc.); formatos alternativos de generación de la información (dictada, escrita, etc.); y formatos alternativos de captación de la información audiovisual (subtitulación, audiodescripción, etc.). Una serie de ámbitos dirigidos principalmente a personas con ceguera, baja visión, sordera, trastornos del aprendizaje, discapacidad intelectual, de edad avanzada o movilidad reducida.
Finalmente, en la dimensión cognitiva, el nuevo texto se centra en la adaptación de la información y los procesos dirigidos a la comprensión de la persona usuaria, elemento dirigido fundamentalmente a personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental, de edad avanzada o minoría de edad.
Llongueras ha puesto de relieve que el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Accesibilidad se ha elaborado mediante un proceso participativo que se llevó a cabo durante 2022 y 2023 con un total de 24 reuniones. El trabajo se organizó en diferentes grupos participados por colegios profesionales, entidades sociales, organismos privados, asociaciones, comunes y ministerios. Esta metodología de trabajo participativa ha posibilitado conseguir una norma pionera que se dirige a toda la ciudadanía y a las entidades públicas y privadas, en el marco de la accesibilidad y el diseño universal, como condición útil y necesaria no solo para la vida de las personas con discapacidad o diversidad funcional, sino también para el conjunto de la población.
