El Consell General --parlamento andorrano-- ha aprobado este viernes la ley de transparencia y acceso a la información pública, que prevé que los cargos públicos deben hacer una declaración de su patrimonio al inicio y al final de la legislatura, que será privada.
Lo han anunciado los grupos parlamentarios de Demócratas, Liberales y Ciudadanos Comprometidos, que configuran la coalición de gobierno, mediante un comunicado de prensa conjunto.
El texto se ha votado por partes y ha tenido siempre el apoyo de los grupos de la mayoría, que entienden que la ley tiene como objetivo "alinearse a los estándares internacionales".
Los grupos de la oposición, el Partido Socialdemócrata y la Terceravia, han apoyado algunos puntos de la proposición, mientras que en otros se han abstenido o han votado en contra.
DECLARACIÓN PRIVADA
La nueva ley obliga a los cargos públicos y altos cargos a hacer una declaración privada de su patrimonio al inicio y al final de la legislatura "para evitar cualquier enriquecimiento ilícito o corrupción" durante el período, señala el comunicado de los grupos de la mayoría.
Esta declaración se debe hacer ante notario y de manera privada para que la información no se convierta en objeto de comentarios y 'cotilleos' ni suponga un freno a los ciudadanos que se quieran dedicar a la política, ha argumentado la presidenta suplente del grupo parlamentario Demócrata, Mònica Bonell.
TRANSPARENCIA EN TRES VERTIENTES
El texto aplica un marco legal del principio de transparencia desde una triple vertiente: obligación de publicidad por parte de las instituciones públicas; reconocimiento del derecho al acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y la obligación de la declaración de patrimonio.
En cuanto a la obligación de publicidad, las administraciones deben mantener actualizada y pública información relativa a los puestos de trabajo y las retribuciones de los funcionarios y trabajadores públicos, así como la relación de altos cargos y de libre designación.
Del mismo modo, deben tener una relación de contratos licitados y adjudicados y de los bienes inmuebles y equipamientos públicos.
"Esta publicidad se debe hacer a través de la nueva plataforma Govern Obert, que se debe crear, y en las páginas web de las diferentes entidades públicas", ha informado Bonell.
La ciudadanía podrá solicitar y acceder a información y documentación de la administración, sin necesidad de un interés legítimo, detalla la nota de prensa.
En este punto, el texto legal prevé que se puede declarar cierta información como reservada de estado, como la que afecta a la defensa y la seguridad nacional; las relaciones internacionales y obligaciones de confidencialidad, y la seguridad pública.
CON IMPLICACIÓN DE TODAS LAS IDEOLOGÍAS
Bonell ha recordado que el texto se ha trabajado a lo largo de los últimos dos años y "cuenta con la implicación y titularidad de todas las ideologías representadas en el arco parlamentario".
Por eso, ha valorado que se trata de "una aprobación histórica", que supone un punto de inflexión a favor de la transparencia de las instituciones públicas hacia la ciudadanía y la lucha contra la corrupción.
SIN RÉGIMEN SANCIONADOR
Por su parte, el grupo Socialdemócrata ha defendido "la necesidad de un régimen sancionador" en el ámbito de transparencia y acceso a la información pública, ha remarcado en un comunicado.
El grupo había presentado reservas de enmienda con la apuesta por establecer infracciones "aplicables a altos cargos, personal al servicio de las administraciones públicas y otros, y una evaluación de su cumplimiento".
La consejera general Susanna Vela ha considerado que la norma debería haber sido "más audaz y valiente", y que hay dudas sobre su capacidad transformadora de las administraciones públicas si no se cuenta con un régimen sancionador.
SEPARAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INFORMACIÓN PÚBLICA
A su vez, el grupo de Terceravia "apuesta por legislar en dos textos legales diferentes de la ley de transparencia los aspectos referidos a la participación ciudadana y a la información pública y reservada de estado", según su comunicado.
"Esta no es la ley de transparencia que Andorra necesita", ha manifestado el consejero general Joan Carles Camp durante el debate del texto este viernes en sede parlamentaria.
Camp ha señalado, con relación a la información reservada de estado, que "el Estado somos todos, no sólo el Gobierno, no debe estar únicamente en las manos del Gobierno".
Y en cuanto a la participación ciudadana, el representante de Terceravia ha indicado que "no se debería incluir por la puerta de atrás", ya que es importante y representa el ejercicio de la soberanía popular.
Asimismo, ha criticado que se encomiende la regulación de esta participación ciudadana a los comunes --los ayuntamientos-- mientras el Consell General "aprueba la ley, se pone las medallas y pasa el 'marrón'".