Un nuevo capítulo de la llamada “Operación Cataluña” ha salido a la luz y apunta directamente al Estado español. Según una investigación de RAC1, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, habría estado detrás de una operación secreta con la complicidad del CNI, el gobierno de Andorra e incluso el apoyo de Estados Unidos para desmantelar la Banca Privada de Andorra con el objetivo de rastrear el dinero de los líderes independentistas catalanes.
La trama se fundamenta en una serie de correos electrónicos, que apuntan a que la maniobra fue planificada entre 2014 y marzo de 2015. Según el citado medio, los documentos, que han sido sometidos a análisis pericial, destapan una operación de inteligencia con un objetivo político claro: acceder a datos bancarios que supuestamente vinculaban a los impulsores del proceso independentista con supuestas cuentas en el extranjero.
Según el citado medio, la excusa oficial para intervenir la BPA fue la presunta implicación del banco en operaciones de blanqueo de capitales provenientes de Venezuela, la mafia china, el cártel de Sinaloa y oligarcas rusos. Estas acusaciones fueron trasladadas al FINCEN con el fin de obtener una alerta que permitiera justificar la intervención bancaria. Esta alerta se emitió el 10 de marzo de 2015, desencadenando la caída de la BPA y, posteriormente, de su filial española, Banco Madrid.
El contacto clave con los servicios norteamericanos habría sido Basilio Sánchez Portillo, comandante de la Guardia Civil y colaborador del CNI, según se indica en los correos filtrados. Fuentes cercanas a la operación explican que el jefe del CNI en aquel momento, Félix Sanz Roldán, utilizó sus contactos en EEUU para conseguir el empuje definitivo para cargarse la entidad bancaria.
Los documentos también indican que Rajoy habría acordado la operación con el entonces jefe de gobierno andorrano, Antoni Martí Petit, en al menos tres encuentros: dos en España y uno en Andorra. Según la policía, la BPA estaba vinculada a las cuentas de la familia Pujol y, posiblemente, a otros líderes independentistas. Así, se quería hacer ver que la intervención era una obligación internacional, cuando en realidad era un movimiento estratégico para obtener información de los líderes independentistas.
Una de las revelaciones más sorprendentes es que, según una nota de Villarejo tres días antes de la intervención, ya se adelantaba que se destituiría y encarcelaría a los directivos de la BPA para reforzar la narrativa oficial. El conseller delegado, Joan Pau Miquel, acabó efectivamente encarcelado. Villarejo, en comunicaciones posteriores, se quejaba de que no se había actuado también contra otras entidades andorranas como Andbank, que según él, también escondía fondos relacionados con el independentismo.
Finalmente, un correo del 21 de marzo de 2015 confirma que se habría ordenado eliminar toda documentación que pudiera incriminar al Estado español en la operación. Según Villarejo, sólo restarían registros en los archivos de Presidencia del Gobierno y del CNI.
