Preocupación por las “irregularidades” presupuestarias detectadas por el Tribunal de Cuentas en varias entidades

La comisión legislativa de Finanzas y Presupuesto ha expresado su preocupación por las “irregularidades” que el Tribunal de Cuentas ha detectado en las fiscalizaciones llevadas a cabo entre diferentes entidades del país durante el ejercicio 2022, algunas de las cuales “podrían ser constitutivas de acciones y omisiones productoras de especial responsabilidad civil y administrativa hacia las finanzas públicas”. Principalmente, el Tribunal de Cuentas alertaba de que algunas de las entidades auditadas “no efectúan un seguimiento presupuestario ajustado estrictamente a la Ley General de las Finanzas Públicas (LGFP)”, dado que “a lo largo del ejercicio no se registran las diferentes fases de ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos, tal como lo prevé el artículo 31 de la LGFP”. En este sentido, la comisión recuerda que “en fecha 13 de octubre de 2022 se formalizó contrato entre el Gobierno de Andorra y la empresa IDEAN con el objetivo de adquirir una solución de gestión presupuestaria y financiera y de nóminas para entidades parapúblicas, de derecho público o sociedades gubernamentales, de estructura y capacidad limitada”, al que se sumaron dieciséis entidades”. Para los miembros de la comisión, pues, disponer de este nuevo aplicativo “facilitará el seguimiento presupuestario según lo establecido en la LGFP”. Otras de las irregularidades expresadas por el Tribunal de Cuentas hacen referencia a que se hayan detectado algunas entidades que han hecho pagos y disposiciones en efectivo con tarjetas de crédito que, “si bien son objeto de una regularización a posteriori, no han seguido en el momento de efectuarse el procedimiento y las fases previstas por la LGFP”. A su vez, se alerta de incrementos salariales en algunas entidades que han superado el índice de precios al consumo; otros que han efectuado contrataciones directas sin un informe técnico previo; e informes solicitados por el Tribunal que pasado el plazo establecido no se han presentado. Ante estos hechos, la comisión legislativa de Finanzas y Presupuesto recomienda “la inmediata toma de medidas correctivas por parte de las entidades fiscalizadas a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las acciones efectuadas por parte de las autoridades competentes respecto a las referidas acciones emprendidas”. También se recomienda que “se establezcan mecanismos de responsabilidad ante los incumplimientos reiterados con el fin de solucionar situaciones que se reproducen año tras año”. Es por ello que durante la legislatura pasada, los presidentes de los grupos parlamentarios se pusieron en contacto con una serie de expertos para establecer una propuesta de actualización de las atribuciones del Tribunal de Cuentas. Con el fin de dar continuidad a los trabajos iniciados por los predecesores, pues, los miembros de la comisión “reiteran su firme voluntad de proseguir con la implementación de un plan de trabajo para analizar las modificaciones necesarias del marco legal vigente regulador de la organización y funcionamiento del Tribunal de Cuentas”.