El Govern de Andorra está analizando la posibilidad de regular los servicios sexuales ofrecidos por plataformas como OnlyFans para determinar si estos pueden ser equiparados a los servicios sexuales presenciales, y establecer así una posible prohibición administrativa en el país. Esta medida forma parte de un estudio jurídico que se encuentra en marcha para resolver una cuestión que hasta ahora no había sido abordada en la legislación vigente.
La ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, ha expuesto este jueves en el Consejo General que, aunque la ley actual de seguridad pública ya prohíbe la prostitución física, no hay ninguna mención específica sobre las actividades que se desarrollan de forma virtual. Este vacío legal ha provocado que el Gobierno encargue un estudio para determinar si se pueden aplicar las mismas regulaciones a servicios como los que ofrecen algunas personas a través de OnlyFans, donde el intercambio económico se realiza en el contexto de la venta de contenido sexual, pero sin contacto físico directo.
Esta cuestión surgió a partir de una pregunta de la consellera general de Concordia, Núria Segués, que cuestionó la relevancia de otorgar autorizaciones de residencia a personas que quieren ejercer actividades como las que se llevan a cabo en plataformas como OnlyFans. Segués expresó su preocupación por lo que consideraba una “falta de filtros” en el sistema de autorizaciones por cuenta propia, apuntando a la posible entrada de negocios sin valor añadido para la sociedad andorrana.
Desde el ejecutivo, Molné dejó claro que, por ahora, no se plantean denegar autorizaciones de trabajo a personas que quieran realizar esta actividad, ya que consideran que este enfoque sería parcial e inefectivo. Sin embargo, reconoció que el modelo de negocio vinculado a OnlyFans podría conducir a abusos y explotación, y que la medida podría llegar a incluir mecanismos legales para sancionar a las personas que solicitan estos servicios, tal como se hace con la prostitución tradicional.
El estudio jurídico que se encuentra en marcha será clave para determinar cómo abordar esta problemática, y si finalmente se pueden establecer mecanismos legales para regular o prohibir estas actividades en línea. La ministra ha insistido en que el Gobierno buscará una solución equilibrada, aunque no se plantean actuaciones drásticas, como la denegación selectiva de autorizaciones por cuenta propia.
Esta cuestión se inscribe en un debate más amplio sobre el crecimiento de actividades que pueden ser consideradas de “bajo valor añadido” para la economía del país, y sobre la imagen que se quiere transmitir a las generaciones futuras en materia de educación e igualdad de género. Un tema que seguirá generando controversia en los próximos meses.
