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Hasta ochenta trabajadores del Gobierno excedieron el límite de horas extra permitido durante 2022.
Así lo pone de relieve el Tribunal de Cuentas (TC) en el informe anual que se ha hecho público este martes y en el que se apunta, además, que 10 funcionarios llegaron a hacer más de 300 horas extraordinarias hace dos años.
Además, veinte trabajadores realizaron entre 200 y 300 horas extra adicionales; 26 trabajadores hicieron entre 150 y 200; y 24 funcionarios entre 120 y 150.
Así pues, el organismo insta al ejecutivo a establecer los mecanismos necesarios para garantizar que no se supere el límite máximo de 120 horas extra anuales por trabajador.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas apunta la necesidad de que el Gobierno disponga del registro de personal, donde debe figurar la vinculación de los trabajadores con la administración.
También se pone el acento en que el ejecutivo no dispone de un sistema de clasificación de personal para asignar el nivel correspondiente a cada puesto de trabajo y se cuestionan los nombramientos de urgencia del personal interino, una acción que contraviene el artículo 109 de la ley de la Función Pública.
En relación con la contabilidad pública, el TC recomienda que se apruebe una estructura presupuestaria de obligado cumplimiento que defina de forma clara las cuentas presupuestarias que deben utilizarse en la elaboración del presupuesto, tanto para ingresos como para gastos.
También se lamenta de que el ejecutivo hubiera aprobado modificaciones presupuestarias por un importe cercano a los 2 millones de euros en fechas próximas al cierre del ejercicio cuando, en el momento de adquirir los compromisos, “no existía la consignación presupuestaria adecuada y suficiente para atenderlos”.
Aún en materia de contabilidad, se apunta que el Gobierno ha registrado presupuestariamente gastos financieros devengados y no vencidos por un importe de 10,1 millones de euros en un momento en el que “no eran exigibles a la entidad al cierre del ejercicio” y, por tanto, “no era procedente hacerlo”.
En esta línea, el informe detalla que a 31 de diciembre de 2022, el saldo deudor por ingresos devengados del IRPF estaba infravalorado en 24,5 millones de euros, mientras que el saldo por ingresos devengados del Impuesto de Sociedades estaba infravalorado en 48 millones.
