A partir de enero de 2025, Andorra iniciará la aplicación de sanciones para aquellos que incumplan la normativa sobre el uso del catalán. Esta medida supondrá un cambio significativo en la manera de actuar del Gobierno andorrano para garantizar la protección del idioma oficial.
Las sanciones, que pueden variar entre 600 y 10.000 euros, serán impuestas en función de la gravedad de los hechos y otros factores como la reincidencia. Según detallan desde el gobierno de Andorra, el objetivo de las sanciones no es castigar, sino fomentar el uso del catalán en el país.
El Departamento de Comercio será el encargado de aplicar estas sanciones, y el Gobierno ya ha empezado a enviar cartas informativas a los comercios recordándoles la obligación de atender en catalán. En estas comunicaciones se advierte que, en caso de incumplimiento, los establecimientos pueden ser sancionados.
