El gasto público en protección social se ha situado en 294,8 millones de euros en 2023, una cantidad que representa un incremento del 18,2% respecto al año 2022.
Según publica este lunes el departamento de Estadística, esta cifra representa el 27,7% del liquidado total de las administraciones públicas (sin contar ni los activos ni los pasivos financieros ni las transferencias de Gobierno a entidades de las administraciones públicas), 1,2 puntos porcentuales más que el ejercicio anterior.
También supone un 8,6% en relación con el PIB, mientras que el gasto per cápita alcanza los 3.707 euros, respecto a los 3.197 euros del año 2022.
Este aumento de los gastos se explica principalmente por los gastos por las personas mayores (22,7 millones de euros de incremento), por los gastos de vivienda (viviendas sociales por importe de 11,25 millones de euros) y por los gastos en enfermedad y discapacidad (6,1 millones de euros de incremento).
El gasto público en protección social incluye el gasto relativo a la protección social de los hogares y de los individuos, financiado por la administración central, la administración local, el Instituto Nacional de la Vivienda, el Instituto Andorrano de las Mujeres y la Caja Andorrana de Seguridad Social (CASS) a través de las prestaciones de reembolso de la rama general, la rama de jubilación y el Fondo de reserva de jubilación.
