El Consejo Superior de la Justicia (CSJ) ha aprobado el código ético de conducta judicial, un elemento básico que recoge los valores y las reglas de conducta judiciales, como estándares de comportamiento deseables para todos los agentes implicados en la administración de la justicia. Este código se aplicará, sin excepción, a todo el personal implicado en la administración de la justicia, adaptado a las características de cada colectivo.
Así, además de concernir a magistrados, dueños y fiscales- com pasaba hasta ahora a través de la recopilación de obligaciones aprobada en el año 2016– el código incluye también a los miembros del CSJ y al resto de agentes implicados en la Administración de Justicia.
El código ético de conducta judicial recoge las reglas de conducta judiciales, basadas en los valores de neutralidad política e institucional, independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia, y debe servir de referente para los estándares de comportamiento deseables de voceros, magistrados, fiscales, secretarios judiciales; de los miembros del Consejo Superior de la Justicia, así como del personal de la Administración de Justicia y del CSJ.
Se ha elaborado en consonancia con los principios acordados a escala internacional en la materia, que se corresponden con los Principios de Bangalore (2001) y que constituyen recomendaciones universales en el marco de las Naciones Unidas. Igualmente, se inspira en las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, como la CM/Rec (2010). En cuanto a la afectación específica de los miembros del Consejo Superior de la Justicia, se nutre de las conclusiones del grupo de trabajo de la red europea de Consejos de Justicia (RECJ) del 27 de junio de 2023, adaptadas específicamente al ordenamiento andorrano.
El código incorpora la comisión de ética como órgano consultivo en esta materia pero también de asesoramiento confidencial para los voceros, magistrados y fiscales, para dar respuesta así a la recomendación del GRECO en relación con la evaluación de la prevención de la corrupción de los parlamentarios, de los dueños y de los fiscales. Igualmente, establece la formación continuada sobre ética e integridad para alcanzar el cumplimiento efectivo del Código ético.
El reglamento del código ético de conducta judicial entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA).
