La Coordinadora por la vivienda digna da hasta el 5 de mayo al Gobierno, a los grupos parlamentarios y a la patronal de la vivienda para dar respuesta a sus demandas. La falta de respuesta, afirman, será interpretada como una “negativa a sus demandas” y, por tanto, “actuarán en consecuencia”. A su vez, lamentan que este año, desde los sindicatos de trabajadores, no haya voluntad de mantener la manifestación del Primero de Mayo; pero valoran muy positivamente las luchas como las de los profesores o los chóferes de autobuses, entre otros, para mejorar sus condiciones laborales: “no hay vida digna, sin condiciones laborales dignas”.
Este viernes 25 de abril tendrá lugar una nueva asamblea del colectivo donde se decidirán los siguientes pasos a dar. En esta reunión se pondrán sobre la mesa las propuestas de los diferentes grupos de trabajo; destacando las del grupo de la juventud, que ha preparado una propuesta de calendario de acciones para aumentar la presión si hay una respuesta negativa a las demandas de la manifestación del 5 de abril.
Desde la Coordinadora se muestran satisfechos con el resultado de la concentración, afirmando que “la manifestación estuvo todo un éxito, estando entre las manifestaciones más multitudinarias de la historia reciente de Andorra“; lo que, según el colectivo, les demuestra que están yendo en la línea adecuada.
La organización de la manifestación y los trabajos de difusión previos les han servido, según afirman, como “un termómetro social”, donde han recibido un amplio apoyo social a sus demandas y donde perciben “un ambiente de crispación creciente con las políticas del Gobierno y la actitud de la patronal”. Este último hecho, añaden, se refuerza con el informe del Razonador, donde se constata la misma sensación.
En este sentido, la Coordinadora se muestra contundente: “el Gobierno y la patronal aspiraban a encarecer los precios sin límites, expulsando a la clase trabajadora a vivir fuera del país, mientras hacían maquillaje legislativo. Este era su plan desde el principio, pero las protestas de 2023 y la lucha que hemos mantenido ha obligado al Gobierno a cambiar de rumbo. La presión popular funciona, la gente ya no se resigna a marcharse con la cabeza baja; ahora planta cara”.
Desde el colectivo entienden que “acciones como la huelga general de trabajadores, son el último recurso por todo lo que implica para el país, pero son opciones que no se descartan si Gobierno y patronal se niegan a aceptar nuestras demandas”.
Afirman que el ejecutivo recibe cada vez más presiones por parte de la patronal y éste actúa en su beneficio: “la nueva medida parcial contra los pisos pastera, o la marcha atrás con la indemnización por la trampa del hijo, son grandes ejemplos”. Esto hace evidente que la presión popular “no solo no puede detenerse, sino que debe aumentar”.
Por todo ello, dicen, “hemos querido poner una fecha límite para recibir una respuesta oficial a nuestras demandas, lejos del ruido mediático“. Entendiendo que “un mes es un tiempo más que prudencial, la falta de respuesta será entendida como una negativa a nuestras demandas”.
