El Consejo General ha aprobado este jueves, con los votos favorables de toda la Cámara parlamentaria, el Proyecto de ley de los juegos de azar, un texto que actualiza el vigente, que data de 2014, desde una perspectiva garantista y proteccionista con la lucha contra las adicciones, la prevención del fraude y del blanqueo. Es decir, y en cuanto al primer punto, “incorpora los aprendizajes y la evolución en materia de los juegos de azar que se han ido alcanzando en los últimos 10 años, y busca dar cabida a las últimas novedades en materia de explotación dentro del territorio del Principado”, ha destacado la consellera general Demócrata, Meritxell López, durante su intervención. A su vez, se refuerzan las políticas de juego responsable, la protección de los consumidores y la regulación de acceso a las salas del juego, de manera que se puede decir que “Andorra alcanza un modelo de prevención ejemplar en materia de juego excesivo y se convierte en un Estado donde el juego está completamente controlado, también sus operadores”, ha añadido la consellera Demócrata.
En este sentido, López ha recordado una enmienda del PS introducida durante el trabajo en comisión, que fija que las sanciones que se establezcan a los operadores del sector serán finalistas, es decir, se tengan que destinar a financiar programas y medidas en la lucha contra las adicciones. Pese a recordar que el Gobierno ya destina importantes recursos e inversión en esta línea, se ha aceptado “porque compartimos que es una prioridad”.
La actualización de la ley también adapta el convenio firmado entre el Consejo Regulador Andorrano del Juego y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de 2022, que establece, entre otros, que Andorra ingresa un porcentaje (9,5%) de la venta de los productos del organismo español.
Otra ley aprobada en la sesión de este jueves ha sido la que modifica el presupuesto de 2024, para que se puedan revalorizar las pensiones de jubilación de los no residentes de menos con menos de quince años de cotización, de acuerdo con el IPC armonizado de la zona euro. El presidente del Grupo Parlamentario Demócrata Jordi Juncotún ha recordado que se trata de un compromiso político establecido tras la aprobación del presupuesto, y para ello tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero del año en curso. También ha defendido la “diferenciación” entre la revalorización de los residentes (de acuerdo con el IPC) y de los no residentes (de acuerdo con el IPC europeo), un aspecto que se ha demostrado jurídicamente que no es discriminatorio ni contrario al principio de igualdad.
Mejoras en la ley del Razonador del Ciudadano
El último punto del orden del día de la sesión parlamentaria ha sido el de la Proposición de ley del Razonador del Ciudadano, entrada por el PS y que se ha aprobado por asentimiento porque permitirá, “sin duda, mejorar la institución”, ha defendido la presidenta suplente del Grupo Demócrata, María Martisella. Algunos de los motivos para afirmarlo son una mejor definición e, incluso una ampliación, de sus competencias, el establecimiento de un régimen homogéneo de marco financiero y económico, “como el del resto de instituciones dependientes del Consejo General” y la ampliación de su mandato, pasando de los 6 a los 7 años.
Asimismo, y vía enmienda, ha explicado Martisella, se ha suprimido la posibilidad por parte del Razonador de impugnar ante el TC la constitucionalidad de las leyes, “por la simple razón de que la Constitución -que es quien establece la legitimidad activa para incoar estos recursos-, no incluye el Razonador del Ciudadano”.
Otros puntos también destacados del orden del día han sido la votación favorable de la toma en consideración de la Proposición de ley de la Agencia de Calidad de la Enseñanza Superior de Andorra, entrada conjuntamente por todos los grupos y que permite que la AQUA se adecue a los estándares internacionales; así como una segunda modificación del presupuesto de 2024 para hacer efectivo el aumento de la cuota requerida por el FMI -lo que no supone un aumento presupuestario-, para honrar los compromisos de Andorra con el organismo.
También se ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de ley por el derecho al olvido sanitario entrada por el grupo socialdemócrata. Pese a considerarse una ley “simplista” y presentar discrepancias “formales, materiales y técnicas”, tal y como ha manifestado la consellera demócrata Meritxell Alcobé, lo que pretende regular es lo suficientemente “delicado e importante” para no trabajar en ella de manera conjunta entre todas las fuerzas parlamentarias, vía enmiendas, “a fin de completar la ley del olvido sanitario y para que garantice al máximo la seguridad jurídica a nuestra ciudadanía”.
