El grupo parlamentario de Concordia ha entrado a trámite parlamentario una Proposición de ley para evitar la especulación inmobiliaria. El texto modifica la Ley de medidas para la reforma de la imposición directa y de modificación de otras normas tributarias y aduaneras, y la Ley sobre transmisiones patrimoniales inmobiliarias (ITP). Los consejeros generales Cerni Escalé y Pol Bartolomé han explicado los detalles en una rueda de prensa, esta mañana.
El objetivo de la propuesta es velar por el cumplimiento del derecho a una vivienda digna, adaptando el marco normativo a las necesidades del país y acabando con las inversiones inmobiliarias que impulsan la especulación. El crecimiento demográfico, que se ha incrementado cerca de un 10% en los últimos cuatro años, unido a que la ley de inversión extranjera permite la adquisición de inmuebles sin ningún límite a personas extranjeras no residentes, ha llevado al mercado de la vivienda a una tensión sin precedentes. De hecho, conviene recordar que el precio de la vivienda en Andorra se ha incrementado por encima de la media europea. Para ejemplificarlo, el precio del metro cuadrado en el Principado se ha multiplicado por tres respecto de los países de nuestro entorno. En palabras del consejero general Pol Bartolomé, “el marco tributario que grava la especulación inmobiliaria en Andorra es uno de los más permisivos del mundo”.
El primer capítulo modifica el recargo especial sobre las ganancias especulativas en las transmisiones de bienes inmuebles situados en el Principado. En la actualidad, a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley de medidas para la reforma de la imposición directa y de modificación de otras normas tributarias y aduaneras, el pasado 1 de enero, este recargo es fijo y del 5% para el Impuesto de Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes Fiscales (IRNR). Tal y como ha explicado el presidente del grupo parlamentario, Cerni Escalé, la reacción del Gobierno hasta ahora ha sido rebajar la presión fiscal y pacificar el camino a todos aquellos con voluntad de especular.
La propuesta de Concordia, pues, establece varios tramos, de manera que el tipo aplicable es más elevado cuanto más corto sea el periodo de tiempo que ha pasado desde la última compraventa del inmueble. Así, el recargo aplicable va desde el 0%, para aquellas transmisiones en las que hayan pasado más de 10 años desde la última compraventa, hasta el 25%, para aquellos inmuebles que se vendan y todavía no hayan pasado dos años desde la última transacción.
Con esta Proposición de ley, se aplica el recargo especial en el caso de un cambio de destino, es decir, inmuebles que estaban destinados al alquiler y son puestos a la venta.
En cuanto al segundo capítulo, la propuesta de Concordia incrementa el tipo de gravamen relativo al impuesto sobre las transmisiones patrimoniales inmobiliarias (ITP), siendo de un 10% en total y equiparando los tramos estatal y comunal. Así, el del estado que actualmente es del 1%, la formación propone elevarlo hasta el 5%. Y el correspondiente a las comunas, que cuenta con una horquilla de entre el 0,5% y el 3%, se propone que también sea del 5% fijo.
Con todo, las personas residentes en Andorra en los últimos cinco años y que quieran adquirir una primera vivienda, con un coste máximo de 500.000 euros, estarán exentos de pagar este ITP y el recargo especial, siempre que éste sea su primera residencia durante los primeros cinco años posteriores a la compra.
La voluntad de esta Proposición de ley no es en ningún caso recaudatoria, sino disuasiva. De hecho, “nos gustaría no haberla presentado, pero nos hemos sentido obligados”, ha dicho Cerni Escalé durante la rueda de prensa, argumentando que han pasado dos meses desde que el ejecutivo anunció el plan de choque de medidas urgentes y todavía no lo ha presentado oficialmente. “El Gobierno debería haber presentado el Proyecto de ley en el momento de presentar las medidas, ya que se trata de un aviso a las personas que quieran especular”, ha concluido.
