Andorra continúa en el punto de mira de la comunidad internacional en cuanto a los derechos del colectivo LGTBI. Según se desprende del informe anual de ILGA-Europe publicado este martes, en la actualidad “los discursos de odio, especialmente contra las personas trans, siguen siendo una cuestión preocupante” en el Principado e, incluso, alertan de que “hay organismos gubernamentales que a menudo contribuyen a su difusión”. Además, en el documento se denuncia que no se han cumplido las promesas con respecto a la atención sanitaria relacionada con la transición de género y que la crisis de la vivienda “afecta desproporcionadamente a las personas LGTBI”.
El documento pone negro sobre blanco la situación que vive el colectivo en el país y el trabajo que durante los últimos años se ha llevado a cabo desde Diversand. En primer lugar, se hace referencia a la participación de la periodista española Maricel Chavarria en un acto de la comuna de Escaldes-Engordany donde fue presentada como “experta en lenguaje inclusivo y feminismo”, aunque, según se expone en el informe, “Chavarria se alienta con perspectivas del feminismo radical transexcluyente”, un movimiento que excluye a las mujeres trans del movimiento feminista porque no las considera mujeres.
Por otro lado, el documento de ILGA-Europa pone de relieve que según la Ley 6/2022, este año las empresas y organizaciones de la sociedad civil han sido obligadas a implementar protocolos para garantizar el derecho a la igualdad de trato y oportunidades, así como para el establecimiento de garantías de no discriminación. A pesar de este mandato, el informe critica que la ley se basa “en la noción de género y no en la identidad de género”, lo que “genera una falta de protección explícita para las personas trans dentro del alcance de esta ley”.
En cuanto a la salud, sostienen que, “a pesar de la promesa del Gobierno de implementar mecanismos para acceder a la atención sanitaria relacionada con la transición de género, estos mecanismos aún no son operativos”. De hecho, señalan que a diciembre de 2024 todavía “no se había publicado ninguna regulación específica para la atención de reafirmación de género” pese a que el ministerio de Salud “había enviado un borrador a Diversand a finales de noviembre”.
En este sentido, exponen cómo desde Diversand se sugirió a las personas interesadas que iniciaran su transición de género en el extranjero, “aunque esto todavía no está facilitado oficialmente por el sistema sanitario andorrano”. Además, se denuncia que se ha informado de casos de personas trans que siguen terapias hormonales “sin supervisión profesional debido a la falta de medidas oficiales para acceder a estos tratamientos”.
En materia de vivienda, la comunidad internacional es consciente de que Andorra “afronta actualmente una grave crisis de vivienda” y, “aunque el Gobierno está intentando implementar medidas para hacer frente a la situación, estos esfuerzos han demostrado ser en gran parte inadecuados”. De hecho, apuntan que, según Diversand, “la crisis general de la vivienda afecta desproporcionadamente a las personas LGBTI, especialmente a aquellas familias de las que no aceptan su identidad“. Con todo, denuncian que “las personas trans, en particular, están en mayor riesgo, ya que la falta de un entorno familiar de apoyo agrava los desafíos que enfrentan para asegurar una vivienda segura y adecuada”.
El informe también hace una breve pincelada sobre el proceso judicial al que tuvo que someterse Vanessa Mendoza Cortés tras denunciar la situación que vive en Andorra ante la Cedaw. Precisamente, el documento finaliza incidiendo en que el aborto sigue estando prohibido en Andorra, “incluso en casos de riesgo para la salud de la madre, anomalías fetales o violación”.
