Los grupos parlamentarios de Andorra Endavant y de Concordia han aprovechado la votación, por unanimidad, del proyecto de ley de modificación de diversas normas en el ámbito de la justicia (que entre otros objetivos busca agilizar trámites) para poner sobre la mesa la necesidad de una reforma más profunda de la justicia.
En este sentido, el conseller general de Andorra Adelante Marcos Monteagudo ha puesto de relieve que con los cambios que ahora se impulsan los resultados serán “insuficientes”, ya que ha remarcado que es “como poner una tirita a una hemorragia” y que hay que actuar para “corregir las disfunciones de la justicia” porque a su entender sufre de problemas estructurales y, por tanto, se hace necesario una “reflexión” profundizada para hacer que las decisiones judiciales sean realmente justas, para reforzar la independencia del poder judicial y para acortar plazos. De hecho, incluso han propuesto una inspección externa para reforzar precisamente la independencia y la transparencia de la administración judicial.

A esta demanda de mejoras se ha sumado el presidente del grupo parlamentario de Concordia, Cerni Escalé, que ha manifestado que tanto la ley calificada de justicia como el código de procedimiento penal requieren una revisión.

La titular de Justicia e Interior, Ester Molné, ha remarcado que está previsto la revisión del Código Penal, del código de procedimiento penal y de la ley de la justicia y ha recordado a Monteagudo que ya existe un sistema independiente de inspección y el correspondiente régimen disciplinario.

En cuanto al texto en concreto que se ha aprobado este jueves, tanto desde el Gobierno como desde los diferentes grupos parlamentarios se ha incidido en el consenso que se ha conseguido en torno a los cambios realizados con el objetivo de agilizar procesos, tener un sistema de declaración más adaptado a las personas vulnerable o por el sistema de sustitución del fiscal general. En este sentido, la consellera demócrata Carolina Puig ha subrayado el hecho de que se suspenda la vista si el acusado está en rebeldía o el hecho de que llegar tarde al centro penitenciario o hacerlo bajo el efecto de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias análogas o con un grado de alcoholemia superior a 0,8 g/l de sangre suponga el incumplimiento de la pena de arresto nocturno o de arresto parcial diario y el tribunal que la ha impuesto deberá sustituir. ésta por una pena de prisión, previa audiencia de las partes.

En definitiva, todos los consejeros han coincidido en señalar que con las modificaciones lo que se busca es hacer “la justicia más ágil y más eficaz”.