Acuerdo de asociación: ¿Un proceso ‘sui generis’ para su aprobación en Europa?

Uno de los grandes debates que hay ahora mismo sobre la mesa en torno al acuerdo de asociación es si es mixto o no. Cuestionado sobre este aspecto, el experto en derecho comunitario Joan Ruiz valora que desde un punto de vista “académico” el acuerdo es mixto. Pero también aclara que según la jurisprudencia del tribunal europeo de justicia, la Comisión Europea ha diferenciado “en ciertos acuerdos las competencias exclusivas de la UE de las que deben ser objeto de un proceso mixto, es decir, soberano de los estados miembros”. Y enfatiza que cada acuerdo tiene la “su especificidad” con lo que no se puede comparar con otros. Por tanto, opina que nada impide pensar que el acuerdo de asociación entre la UE y Andorra podría hacer objeto de un proceso ‘sui generis’ con las distinciones específicas entre competencias exclusivas y competencias compartidas”. Entrando al detalle del acuerdo, el experto hace una serie de valoraciones cuando se le pide sobre ciertos aspectos como las transitorias. “El periodo transitorio (para el tabaco) de treinta años no tiene equivalente en otros acuerdos”, expone, al tiempo que reconoce que “los periodos transitorios son, ciertamente, la referencia pero no son inamovibles”. Y también remarca que las transitorias son “esenciales” para todo acuerdo. Y valorando una de las aplicaciones transversales que tendría el acuerdo, la del derecho del trabajo, el experto expone que en base a los análisis que han hecho desde el gabinete de asuntos europeos en los que trabaja se prevén un “cierto número de costes para las empresas andorranas” como por ejemplo lo que se derivaría de la puesta en marcha de la caja para las indemnizaciones de los asalariados en caso de quiebra de la empresa. Puntualiza, sin embargo, que este coste “es relativamente débil”. Lo mismo ocurre también con la compensación por despido sin causa. Ruiz también hace hincacamiento en que uno de los efectos más “esenciales” que tendría el acuerdo de asociación para Andorra és “la inmigración”. En este sentido, admite que los periodos transitorios en este apartado pueden “suscitar ciertas preguntas” y añade que el análisis que ellos han hecho lleva a un aumento potencial de 1.000 personas de más cada año en un periodo de diez años. Y hace notar en este tema que “el acuerdo prevé dos principios y un procedimiento” ya que está “expresamente indicado que las condiciones geográficas prevalecen así como también el mantenimiento del orden público”. Y remarca especialmente el hecho de que se prevea la activación de la cláusula de salvaguarda que tiene por función canalizar todo desvío potencial. Así, hace hincacamiento en que el seguimiento “detallado” por parte del comité mixto deberá servir para facilitar cualquier intervención para la implantación, si procede, de medidas preventivas. En este sentido, incide en que nada hace pensar que el acuerdo pueda hacer perder “el control de la inmigración” y enfatiza que se tenga en cuenta las especificidades geográficas y la preservación del orden público, remarcando muy especialmente la activación de la cláusula de salvaguarda. Cuestionado sobre las críticas que el acuerdo podría conllevar una pérdida de la soberanía, Ruiz reconoce que obviamente todo estado que se asocia a organismos supranacionales “cede una parte de su soberanía” pero también subraya que en este contexto lo que debería hacer Andorra es “capitalizar su patrimonio y definir los valores que sus ciudadanos identifican como no negociables”.

Y sobre qué pasaría si en el referéndum que el Gobierno ha planteado saliera un ‘no’ al acuerdo, reconoce que anticipar los “eventos es difícil” y apela a que “es una cuestión política y como tal impregnada de simbolismo”. Y teniendo en cuenta las relaciones con España y Francia, Ruiz incide en que si sale finalmente un ‘no’ lo que es evidente es que el país tendrá que reforzar, “intensificar y profundizar” sus relaciones con los vecinos. Concluye que “todavía nos queda un poco de tiempo para aclarar ciertos puntos y en particular la apertura geográfica que es condición ‘sine qua non’ para cualquier desarrollo económico real”. Y subraya que esta apertura geográfica “debería poder ser objeto de inversiones reales efectivas por parte de la Comisión Europea, sobre todo porque la necesidad de cooperación interregional queda claramente destacada en varias ocasiones en el proyecto de acuerdo de asociación”.