El proceso judicial relacionado con la quiebra de la cooperativa agrícola de l'Aldea ha concluido este viernes después de que la Audiencia de Tarragona escuchara las conclusiones finales. En esta última sesión, la fiscalía ha decidido disminuir su petición inicial, solicitando ahora una condena de 5 años y 2 meses de prisión para el exgerente, Daniel Ferré, por las dilaciones indebidas en un caso que se remonta al 2012, pero que no se ha juzgado hasta hoy.
En contraposición, la acusación particular que representa la misma cooperativa ha reclamado una pena mucho más severa: hasta 23 años y medio de internamiento penitenciario para el principal encausado. Además, otra acusada vinculada como proveedora ha aceptado los cargos por falsedad documental mercantil en delito único, asumiendo una condena de tres meses de prisión junto con una multa diaria de 4 euros durante dos meses.
Delitos imputados y responsabilidad civil
Tanto el ministerio fiscal como la acusación particular han atribuido a Ferré varios delitos: falsedad contable, falsedad en documento mercantil, administración desleal, alzamiento de bienes y apropiación indebida. En cuanto a las responsabilidades económicas derivadas de los hechos, ambas partes coinciden en cuantificarlas en unos 1.790.000 euros aproximadamente.
Sin embargo, existen discrepancias notables en cuanto a las multas reclamadas. La fiscalía pide una sanción económica moderada teniendo en cuenta las dilaciones del proceso —unos 6.700 euros— mientras que la acusación particular eleva esta cifra hasta los 162.000 euros.
Aportaciones del ministerio fiscal
En los informes definitivos, el fiscal ha destacado que las actuaciones de Ferré "no generaron una situación de riesgo, sino de colapso". "La contabilidad no reflejaba la realidad", ha indicado. Tras repasar las declaraciones que diferentes testigos han hecho durante las distintas sesiones del juicio, el ministerio fiscal ha subrayado que Ferré "era gerente desde hacía 20 años". "Llevaba seis quinquenios en la cooperativa, era él quien hacía y deshacía, tenía todos los poderes tanto metafóricos como notariales y todos los cooperativistas le tenían plena confianza", ha enfatizado. Por ello, ha manifestado que "era difícil" que el técnico "no tuviera conocimiento de qué estaba pasando".
En su turno, la acusación que representa los intereses de la cooperativa ha subrayado que "todos los testigos lo señalaron" como último responsable de las actuaciones contables de la entidad. "Los únicos que no lo hicieron fueron su esposa y los hijos", ha expuesto. Para el letrado, durante el juicio "ha quedado acreditado" que Ferré "era la persona que gestionaba todos los aspectos de la cooperativa y el responsable directo desde el punto de vista penal y civil". "No era un simple trabajador: empezó en 1981 y en 1996 se presentó como posible gerente y fue aceptado por el consejo rector", ha insistido.
En su intervención también ha desgranado diferentes actuaciones del exgerente que habrían causado perjuicios a la entidad, como el hecho de tener facturas por valor de 3 millones de euros supuestamente pendientes de cobro pero que en realidad serían ficticias para maquillar cuentas. "Ferré hacía inversiones millonarias que hipotecaban la cooperativa y la sección de crédito; no aportó los balances separados de las secciones de la cooperativa a los inspectores, lo que hacía más difícil detectar irregularidades", ha especificado.
Respecto al presunto delito de apropiación indebida, el abogado ha explicado que el responsable resolvió un contrato de depósito que la cooperativa tenía con Banesto directamente en su cuenta corriente, valorado en 160.000 euros. "Si él, como depositario, quería disponer del dinero, tenía que solicitar la entrega a la cooperativa. No lo hizo porque sabía que la entidad era insolvente y no los podría obtener", ha comentado. Por lo tanto, el dinero no fue a parar a una cuenta de la cooperativa "sino que fue directamente a una cuenta del señor Ferré", ha dicho.
La defensa reparte responsabilidades
La defensa del exgerente ha basado su argumentación en el hecho de que Ferré no era el responsable único de emitir las cuentas y que si los otros posibles implicados no estaban encausados y no cometieron ningún delito, su cliente, tampoco. Así, el letrado ha indicado que la máxima responsabilidad sobre el funcionamiento de la cooperativa recaía en el consejo rector, del cual el exgerente no era miembro. "Ferré no tiene estudios especializados -en economía-. No todos los miembros del consejo rector eran unos ignorantes", ha afirmado, en respuesta a algunos testigos que durante el juicio apuntaron que eran "simples agricultores".
La defensa ha reconocido que el exgerente "tenía unos poderes amplios", pero también los tenían los miembros del consejo rector, como el director u otros altos cargos. "Se dice que Ferré lo hacía todo, incluso las cuentas anuales. ¿Pero qué capacidad y qué estudios tenía para hacerlas? Las cuentas anuales por ley las formula el consejo rector; no era lógico que las hiciera Ferré", ha subrayado. Con todo, ha asegurado que "no hay ninguna prueba de que el colapso de la cooperativa fuera causado por la actividad del señor Ferré". A la vez, ha destacado que su cliente no hizo "ni una operación ficticia" y que nunca participó "en ninguna revalorización de inmovilizado". Por todo ello, ha solicitado su absolución.
Añadir La Ciutat como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad