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La Policía Local de Tortosa ha inmovilizado al menos 32 patinetes en los últimos meses, aprovechando el cambio de normativa estatal sobre vehículos de movilidad personal (VMP), que entró en vigor el 1 de octubre a raíz de la modificación del Reglamento General de Circulación.
En paralelo, los agentes han tramitado un total de 154 denuncias a patinetes y 17 más a bicicletas. En esta cifra también se incluye la inmovilización de la treintena de patinetes eléctricos. De hecho, entre el 1 de julio y el 26 de octubre, la Policía Local ha gestionado 183 denuncias a conductores de patinetes y bicicletas.
La mayoría de los patinetes inmovilizados se destruirán, porque sus características técnicas no cumplen la normativa. El resto, en cambio, podrán ser recuperados si los propietarios resuelven otros motivos de la denuncia, como por ejemplo no disponer de un seguro.
¿Qué dice la nueva regulación de los VMP?
El cambio normativo quiere proteger a los usuarios más vulnerables de la vía, como por ejemplo los peatones, ciclistas, motociclistas y los mismos conductores de VMP. Entre las novedades, se establece en 15 años la edad mínima para conducir un patinete eléctrico y se formaliza la obligatoriedad de llevar un casco homologado en cualquier vía.
Fuera de los núcleos urbanos, los patinetes solo pueden circular por carriles bici o vías verdes, siempre segregadas del tráfico de coches, y en ningún caso por autopistas, autovías, travesías o túneles urbanos. Dentro de la ciudad, las personas que circulan con VMP deben hacerlo por la calzada, pero no por la acera ni por zonas exclusivas de peatones.
Además, los patinetes deben cumplir requisitos técnicos concretos, como disponer de un sistema de frenado y de un timbre. La normativa también limita el uso a una sola persona por patinete.
Luces, chaleco reflectante, seguro y registro
Otra de las obligaciones es circular siempre con los luces encendidas y llevar un chaleco reflectante durante la noche o en situaciones de poca visibilidad. En el caso de los repartidores profesionales, este chaleco se debe llevar en todo momento.
Los patinetes también deben disponer de un seguro de responsabilidad civil y deben estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos, que gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las sanciones y los supuestos de inmovilización
La mayoría de infracciones municipales comportan sanciones de 60 euros, especialmente en casos como circular con dos personas en un patinete o transitar por la acera. Conducir sin casco o sin luz, o hacerlo siendo menor de edad, implica una sanción de 200 euros.
Si el patinete no está inscrito, la multa suele ser de 100 euros. En cambio, circular sin seguro puede acarrear sanciones del Servei Català de Trànsit que oscilan entre los 250 y los 800 euros. Las multas por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes pueden ir de los 500 a los 1.000 euros. Cuando la persona infractora es menor de edad, los padres, madres o tutores legales deben responder del pago de la sanción.
En caso de positivo en un control de alcoholemia o de sustancias estupefacientes, el patinete queda inmovilizado, igual que cualquier otro vehículo. También lo es si no hay seguro de responsabilidad civil en vigor, si falta la placa de identificación, el registro correspondiente o el certificado de circulación homologado, o si los agentes detectan que el vehículo no cumple los requisitos técnicos de seguridad indispensables, como por ejemplo un fallo total en los sistemas de frenado o en el alumbrado obligatorio.
Un cinemómetro portátil para controlar la velocidad
Por otro lado, a principios de año, el Ayuntamiento de Tortosa adquirió un nuevo aparato para reforzar el control de la velocidad de los VMP. Se trata de un cinemómetro portátil, que permite medir la velocidad de los patinetes y comprobar si han sido manipulados para superar la limitación de los 25 kilómetros por hora.
Si se confirma esta alteración, la Policía Local ya puede inmovilizar los patinetes para retirarlos de la circulación, imponer multas de hasta 500 euros y requerir a los propietarios para que cumplan las condiciones técnicas del vehículo.
