Esta mañana se ha iniciado el juicio por el caso Efial en la Audiencia Nacional, en Madrid, que también afectó al Ayuntamiento de Tortosa. Se trata de una rama más vinculada a la trama del 3% de CIU y que ha afectado a varios ayuntamientos de la provincia de Tarragona que habían sido gobernados por esta formación política.
La alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà, ha comparecido para hacer una valoración de todo ello y ha recordado que “en 2023 nos personamos como acusación particular en este caso y la Audiencia nos lo admitió”, lamentablemente este paso se hizo demasiado tarde, ya que el anterior gobierno de Junts per Tortosa (procedentes de CIU) no lo hizo, y esto ha conllevado que no se pudieran incluir diligencias y que se ampliara el listado de investigados.
En el caso del Ayuntamiento de Tortosa el fraude se eleva a 1,6 millones de euros y tuvo lugar en las sociedades municipales de GUMTSA y Tortosa Esport. Se ha podido demostrar a través de los correos electrónicos que, en 2012, el presidente de Efial era quien indicaba a la responsable de la GESAT, la entonces concejala de urbanismo, Meritxell Roigé, cómo debía hacer la licitación, qué empresas debían participar en ella y cuáles eran las cantidades que debían fijarse para que Efial resultara ganadora.
Así pues, se habrían vulnerado las normas de contratación pública en un contrato del año 2008 en el que se hace un contrato de servicios a Efial por el valor de 350.000 €, que acabó ampliándose con 60.620 € más. Y otro de 2010 donde, de nuevo, se adjudica sin concurso público a Efial un contrato de 390.696 €, con una prórroga de un año que elevó el importe hasta los 781.780 €. También se suma la investigación a otra de las sociedades municipales, Tortosa Esport, la vinculada a la gestión del gimnasio municipal del WIN, y entonces bajo la dirección de Xavi Nadal, que habría estafado 104.810 € entre 2008 y 2012 con un fraccionamiento de contratos.
En 2024, el entonces alcalde, Jordi Jordan, explicó también que “los informes de la intervención municipal de los años 2011 y 2012 de aprobación de las cuentas generales alertaban que los informes de auditoría de las cuentas de las sociedades municipales se adjudicaron sin su supervisión, a pesar de que la inspección de esta contabilidad le corresponde por ley. Además, el interventor apuntaba que era necesario redimensionar GUMTSA porque contribuía a generar más gasto y a eludir el control de fiscalización”. Unas medidas que entonces fueron desestimadas por parte del gobierno de Roigé.
Así pues, el consistorio espera “poder recuperar lo antes posible la pérdida económica del fraude” y la Audiencia Nacional ha pedido al presidente de Efial, Antoni Martos, una fianza de responsabilidad civil de 1,6 ME para el Ayuntamiento de Tortosa. Además, lo inhabilita para el ejercicio de cargo público y le pide seis años de prisión por malversación.
En cuanto a Roigé, esta ha manifestado que “estoy muy tranquila” y que “todo es una cortina de humo del actual gobierno”. Una tranquilidad que Lleixà celebra, al mismo tiempo que recuerda, una vez más, que Roigé está citada a declarar en calidad de testigo y no de investigada, como sí ha pasado en los ayuntamientos de l’Ametlla de Mar, de Ascó o de Torredembarra, porque el de Tortosa no se personó cuando tocaba.
Añadir La Ciutat como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad