La Diputació de Tarragona encara la recta final de la tramitación de la largamente reivindicada reforma de la T-2021 entre la Ràpita y Poble Nou del Delta, conocida como la 'carretera de la vergüenza'. La diputada de Infraestructuras del territorio del ente, Iris Castell, ha anunciado este miércoles que la aprobación definitiva del proyecto se llevará al pleno del ente provincial previsto el próximo 1 de agosto, una vez recibidos hace dos semanas los nueve informes favorables de las administraciones implicadas.
Con el proyecto aprobado, se iniciará el procedimiento para expropiar los bienes afectados y licitar las obras. El objetivo es poder comenzarlas dentro de este año, de acuerdo con el compromiso público de la presidenta del ente, Noemí Llauradó.
La pesadilla de los vecinos de Poble Nou del Delta y de miles de usuarios que transitan por una carretera estrecha y peligrosa, causante de numerosos accidentes -incluidos mortales- en los últimos años, podría acabar en los próximos años. La Diputación de Tarragona, la administración que ha asumido la ejecución de las obras, ha anunciado desde el mismo núcleo del delta del Ebro que ya hay fecha para empezar a trabajar en la fase final del proyecto de reforma.
Según ha avanzado Castell, la aprobación definitiva del proyecto se elevará la semana que viene a la correspondiente comisión informativa del ente para incluirla en el orden del día del pleno del mes de agosto, previsto para el viernes día 1. El trámite permitirá iniciar los procedimientos de expropiación de bienes afectados en un tramo de unos 10 kilómetros y licitar las obras para, finalmente, proceder a su adjudicación.
El ente provincial presupuestó para este año 5 de los 13 millones de euros que prevé invertir en la actuación, que se alargará dos años. Por ahora, se desconocen las restricciones y limitaciones del tránsito que implicarán las obras.
Todo esto será posible después de que, dos semanas atrás, entraran en el ente los últimos informes pendientes de administraciones que tenían que pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto. Entre estos, uno sobre contaminación lumínica y acústica solicitado a última hora por el Departamento de Territorio, que se suma a la larga espera para obtener la autorización de ocupación de la zona de dominio público marítimo-terrestre.
