La Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Estado español han comenzado a aplicar medidas pesqueras regresivas a la pesca de arrastre. Esta normativa europea, conocida como el Plan de Gestión del Mediterráneo, reclama al sector que este año reduzca un 16% las jornadas de pesca, pero en 2025 podría suponer una reducción del 50% y, en la práctica, el fin del sector.
El Ayuntamiento de Alcanar y la Cofradía de Pescadores de Les Cases han impulsado una campaña de denuncia y sensibilización para defender el sector pesquero y ya han difundido un vídeo que reivindica la pesca de arrastre en Les Cases, un sector económico muy vinculado al modelo de pueblo del municipio y que podría estar en peligro si esta normativa se llega a desplegar.
Los pescadores hace más de tres décadas que aplican una veda de dos meses para preservar los recursos marítimos. Joan Roig, alcalde de Alcanar, explica que "los pescadores de Les Cases han respetado siempre las restricciones impuestas y han demostrado su compromiso con las políticas de subsistencia marítima, por lo tanto, ahora es necesario que la Unión Europea escuche sus peticiones para llegar a una solución consensuada".
Por su parte, Raül Ribot, secretario de la Cofradía de Pescadores de Les Cases, recuerda que "la economía azul incluye pesca, turismo, gastronomía y cultura, pero sin la pesca el resto de elementos sufren".
De la setentena de embarcaciones de arrastre que hay en la costa de Tarragona y el Ebro, dos son de Les Cases. Son embarcaciones medianas que trabajan con este método por tradición familiar, generaciones de pescadores han practicado este arte centenario de pesca con una red por el fondo del mar.
Ante esta nueva legislación, la Federación Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores también ha pasado a la acción. En este sentido, más de doscientos pescadores, entre los cuales los miembros de la Cofradía de Pescadores de Les Cases acompañados del alcalde de Alcanar, se manifestaron el 4 de junio en el puerto de Sant Carles de la Ràpita. Después de recorrer con pancartas el puerto pesquero, leyeron el documento con las propuestas que han enviado al Estado para que la normativa se adapte a la situación de la pesquera catalana.
