La justicia ha anulado parcialmente una convocatoria del Ayuntamiento de Amposta para cubrir una plaza de electricista municipal al considerar que el nivel de catalán exigido no estaba justificado. Según ha avanzado el diario El Mundo, el juzgado ha concluido que pedir un nivel B2 vulneraba la legalidad.
La sentencia, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona, declara nula la parte de las bases que imponía este requisito lingüístico y también la prueba específica vinculada a este nivel.
Un requisito lingüístico considerado desproporcionado
La magistrada considera que exigir un nivel B2 de catalán no se ajusta a las funciones propias del puesto de trabajo. Según la resolución, se trata de una exigencia “no justificada” que contraviene la normativa, ya que no guarda proporcionalidad con las tareas de un electricista municipal.
La decisión pone el foco en el hecho de que las funciones del puesto son principalmente técnicas y manuales, y no requieren un dominio avanzado de la lengua en el ámbito escrito.
Pruebas lingüísticas cuestionadas
El contenido del examen también ha sido objeto de crítica. Entre otros aspectos, la prueba incluía:
- Ejercicios de pronunciación con criterios estrictos
- Uso de pronombres débiles y cuestiones gramaticales complejas
- Redacción de un texto de 150 palabras
- Conversaciones guiadas sobre temas no relacionados con el lugar de trabajo
Según el juzgado, estos contenidos excedían las necesidades reales de la plaza convocada.
Origen del litigio
El caso se ha resuelto a raíz de un recurso presentado por la entidad Convivencia Cívica Catalana, que consideraba el requisito excluyente y discriminatorio. La organización sostenía que el nivel de catalán exigido no tenía relación con las funciones del puesto y podía limitar el acceso a candidatos cualificados.
Una línea judicial que se repite
Esta resolución se añade a otros pronunciamientos similares en el ámbito judicial. En casos recientes, tribunales como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también han anulado requisitos lingüísticos considerados desproporcionados en procesos de selección pública.
Impacto de la decisión
La sentencia obliga a revisar las bases del concurso y reabre el debate sobre los requisitos lingüísticos en el acceso a la función pública, especialmente en aquellos puestos donde el conocimiento de la lengua no es esencial para el desarrollo de las funciones.
El caso pone de manifiesto la necesidad de ajustar los criterios de selección a la realidad de cada puesto de trabajo para garantizar procesos equitativos y ajustados a la legalidad.
