El gobierno formado por Movem, PSC y ERC ha abonado y recepcionado íntegramente las obras de ampliación del Teatre Auditori Felip Pedrell, a pesar de que no se han llevado a cabo dos mejoras contratadas expresamente con la empresa adjudicataria, valoradas en más de 256.518 euros.
Críticas de Junts per Tortosa al gobierno municipal
Meritxell Roigé, portavoz de Junts per Tortosa, ha reclamado responsabilidades al gobierno liderado por Jordan y Lleixà ante esta situación que califica como “muy grave” y que supone un notable perjuicio económico para el Ayuntamiento.
En palabras suyas: "El tripartito ha pagado la totalidad de la obra y la ha recepcionado como si estuviera correctamente acabada, pero hay más de 256.000 euros en mejoras que constaban en el contrato, que la empresa se comprometió a ejecutar y que no se han hecho".
Detalle de los trabajos pendientes según el contrato
La primera mejora contemplaba la urbanización de los espacios de acceso al Auditorio entre la calle Rosselló, el paseo Joan Moreira y el paseo de Ribera. Este proyecto incluía:
- Trabajos de derribo y movimiento de tierras.
- Renovación de los pavimentos.
- Instalación de losas y adoquines permeables con zonas verdes.
- Saneamiento, drenaje y alumbrado público.
- Red de riego, mobiliario urbano y nueva señalización.
- Renovación completa de la acera de la calle Rosselló, adecuando zonas transitables con espacios ajardinados, arbolado, riego, iluminación pública y mobiliario urbano.
Por otro lado, la segunda mejora consistía en crear un nuevo aparcamiento así como reordenar y urbanizar toda la zona con renovación de los pavimentos, zonas verdes nuevas con plantaciones de arbolado y señalización vertical y horizontal correspondiente. “Solo hay que comparar los planos de las mejoras que constan en el contrato firmado con el estado actual del entorno para comprobar que lo que se contrató no se ha ejecutado”, ha afirmado Roigé.
Afectaciones legales y económicas
Roigé considera que estas dos intervenciones eran obligatorias según el contrato firmado. "Su no ejecución supone un incumplimiento contractual importante". La empresa adjudicataria había aceptado explícitamente llevarlas a cabo sin coste adicional durante la presentación de oferta. Como indica la portavoz: "El gobierno municipal ha pagado toda la obra, pero la ciudadanía se ha quedado sin unas actuaciones valoradas en más de 250.000 euros".
Además, según explica Roigé, la misma intervención municipal emitió un informe desfavorable sobre la recepción de los trabajos así como otro informe donde se detecta una omisión en fiscalizar modificaciones del proyecto sin cumplir los trámites previstos por la ley de contratos públicos.
Meritxell Roigé: "esto representa un perjuicio superior a los 250.000 euros"
Meritxell Roigé exige explicaciones al gobierno Jordan - Lleixà sobre los motivos por los cuales se pagó completamente una obra incompleta: "Son dos actuaciones perfectamente definidas, presupuestadas e incorporadas al contrato que no se han ejecutado; esto representa un perjuicio superior a los 250.000 euros".
Roigé también ha recordado que la ampliación del Auditorio fue impulsada por Junts per Tortosa, con la redacción del proyecto y la consecución de 3,6 millones para financiar la obra y que los grupos de Movem y ERC votaron dos veces en contra de la ampliación el pasado mandato. “Si el señor Jordan y el partido de la señora Lleixà no hubieran bloqueado la actuación en 2019, haría años que tendríamos el Auditorio acabado. Ahora, en cambio, llevamos dos años con el auditorio cerrado y todavía sin fecha de reapertura”, ha concluido la portavoz.
Sobrecostes e irregularidades administrativas detectadas
La ampliación también ha estado marcada por los sobrecostes económicos así como diversas irregularidades administrativas documentadas por los informes municipales. Además, el comunicado de Junts recoge que el informe desfavorable emitido por el servicio de intervención señala modificaciones realizadas sin aprobación conforme a normativa vigente y parte de los trabajos efectuados fuera del marco contractual inicial.
Esta situación derivó en un expediente extrajudicial destinado a reconocer y abonar una factura final pendiente cifrada en 426.304,45 euros.
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