Esta mañana, el secretario confederal de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha organizado un desayuno con los profesionales de la comunicación en el territorio en la sede de la Demarcación del Colegio de Periodistas de las Terres de l’Ebre.
Un encuentro de carácter informal que ha servido para poner sobre la mesa los principales temas que preocupan a los trabajadores del territorio, así como también abordar otras cuestiones de ámbito nacional
Aunque el tema principal que ha centrado el debate ha sido el del futuro de las centrales nucleares. Para Álvarez, “las centrales nucleares son una realidad en el territorio y se debería alargar su vida útil en garantías de seguridad” y “creemos que el país no puede dejar de tener una fuente de energía limpia, como lo avala la UE, como lo son las centrales nucleares”. Además, ha dicho que “el cementerio nuclear tiene que ir a Ascó porque es una propuesta positiva para el territorio que generará una actividad de alta calidad y creará puestos de trabajo y dispondremos de un depósito de energía seguro como ya hay otros en todo el mundo”.
En este sentido, cabe recordar que desde el Govern de la Generalitat hace unos años se decidió poner en marcha el proceso de transición de todos los territorios afectados por las nucleares hacia un nuevo modelo de economía y de oportunidades laborales pensando en el día después del cierre progresivo de las centrales. Es por ello que se empezaron a impulsar los Fondos de Transición Nuclear que, en primera instancia, fueron unas líneas de ayudas para sacar adelante proyectos desde los ayuntamientos y, en estas siguientes fases, ya se han centrado en el ámbito empresarial destinando 23.704.874ME cada año para llevar a cabo proyectos de crecimiento y nuevas oportunidades de negocio, proyectos cooperativos, proyectos de emprendimiento de alto valor añadido, proyectos singulares para el territorio, proyectos de innovación tecnológica y ayudas al trabajo autónomo o a la agricultura y seguros agrarios
Unas ayudas que preocupan al secretario general de la UGT en las Terres de l’Ebre, Moisès Fabra, porque no saben todavía si los 1.500 puestos de trabajo anunciados lo serán solo de forma temporal y porque también se dan subvenciones a ayuntamientos para hacer obras o mejoras de eficiencia energética que no generan ningún puesto de trabajo.
Álvarez tampoco se ha abstenido de hablar de la regularización de los puestos de trabajo que considera que “es un paso absolutamente necesario para la convivencia porque los derechos de las personas que están en nuestra casa en condiciones de irregularidad y sin que se apliquen los convenios colectivos, lo puedan hacer y puedan cotizar al país”. Es, por tanto, una medida para todas aquellas empresas que se quejan de que no tienen suficiente mano de obra y cree que “el único problema es para los partidos de ultraderecha que querrían que la población inmigrante no tuviera estos derechos”.
A preguntas de los periodistas, ha hablado de la nueva financiación singular para Cataluña y, a pesar de algunas consideraciones en torno a los criterios de la ordinalidad, opina que “es una oportunidad para el conjunto de España, pero para Cataluña será un sistema que ayudará a tener más recursos a la Generalitat en políticas sociales para dar más servicios a los ciudadanos y ciudadanas. No es un punto de llegada y, por tanto, se deberá seguir trabajando como, por ejemplo, en la Agencia Tributaria Catalana, que es una de las reivindicaciones que está sobre la mesa y que, desde el propio Estatuto, da la opción a participar en ella desde una dirección de coparticipación desde Cataluña”.
Sobre la llegada de los nuevos estudios de Medicina de la URV, Álvarez considera que “les Terres de l’Ebre s’han guanyat el dret a tenir elements i infraestructures al seu abast que permetin donar vida a les Terres de l’Ebre i que les pròximes generacions ja no hagin d’anar a estudiar a Barcelona i pugui retenir-se el talent a l’Ebre”.
Mientras que del caos de Cercanías de estas últimas semanas también se ha querido sumar a la llamada de la falta de inversiones en las infraestructuras ferroviarias desde hace muchos años y ha pedido que “nadie diga nunca más que son una moneda de cambio”. Y es que, ahora, falta todavía por ver cómo se efectuará este traspaso de Cercanías que no está exento de dificultades con los trabajadores de ADIF y la nueva empresa mixta donde, el Govern de la Generalitat, tendrá una representación del 49% y la responsabilidad de nombrar los cargos directivos.
