Agentes de la Guardia Civil de Amposta descubrieron, durante la realización de un servicio rutinario, una densa columna de humo en las inmediaciones del polígono industrial Orioles, en la capital del Montsià. Al acercarse al lugar para comprobar su origen, localizaron a una persona que quemaba en el interior de un bidón grande, situado en el exterior de una nave industrial, restos de plásticos y otros objetos.
Los guardias civiles también observaron restos de camiones y otros vehículos industriales, así como diversas piezas y componentes procedentes del desguace de vehículos esparcidos por la zona. Además, había neumáticos usados amontonados a las afueras de la instalación.
Una nave con maquinaria de taller y residuos acumulados
Al inspeccionar el interior de la nave industrial, los agentes localizaron maquinaria y herramientas propias de un taller mecánico, entre las que había un elevador de vehículos, compresores y otros equipos habituales en este tipo de actividad. También comprobaron una acumulación importante de aceite usado de vehículos, baterías de camiones, motores y diversas piezas y componentes en desuso, tanto en el interior como en las inmediaciones de la nave.
Posteriormente, los agentes se entrevistaron con el responsable de la empresa, que aparentaba dedicarse a una actividad diferente de la que realmente ejercía como taller de vehículos. Según la inspección, la actividad se desarrollaba sin licencia municipal, carecía de la inscripción correspondiente como empresa ante los organismos competentes en materia de industria e incumplía diversos requisitos exigidos por la administración para ejercer legalmente este tipo de actividad.
Riesgos para la seguridad y el medio ambiente
Durante la actuación también se constató que la instalación eléctrica y los sistemas de protección contra incendios no habían pasado las inspecciones reglamentarias de Industria para verificar su correcto funcionamiento.
La acumulación inadecuada de neumáticos, baterías, aceites usados y otros residuos puede generar riesgos ambientales y de seguridad, especialmente cuando no se dispone de las instalaciones adecuadas ni de las autorizaciones oportunas, y cuando no se respetan los procedimientos exigidos para su almacenamiento y tratamiento.
Por este motivo, la gestión responsable de los residuos procedentes de vehículos es una obligación legal y una medida esencial para prevenir la contaminación y proteger la salud pública y el entorno.
Denuncias y traslado a los organismos competentes
Como consecuencia de la inspección, los agentes extendieron diversas actas de denuncia por presuntas infracciones administrativas relacionadas con la gestión de residuos, la seguridad industrial y la documentación exigible para ejercer la actividad. También se detectaron posibles incumplimientos en materia tributaria y de Seguridad Social.
Las actuaciones se han trasladado a los organismos competentes para que valoren los hechos y adopten, si procede, las medidas correspondientes. Entre estos organismos figuran el Ayuntamiento de Amposta y los departamentos de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica —a través de la Agencia de Residuos de Cataluña— y de Empresa y Trabajo, según las competencias de cada uno.
Algunas de las infracciones detectadas podrían estar tipificadas como graves y comportar sanciones económicas de elevada cuantía que, en determinados supuestos relacionados con residuos peligrosos, pueden alcanzar los 300.000 euros, de acuerdo con la normativa aplicable y la calificación que corresponda en cada caso.
La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de acudir a establecimientos legalmente habilitados y de confiar las reparaciones de los vehículos a profesionales que desarrollen su actividad de acuerdo con la normativa vigente.
Antes de contratar un servicio, es recomendable comprobar que el establecimiento dispone de las autorizaciones pertinentes, solicitar presupuestos y facturas, conservar la documentación de las reparaciones y exigir información sobre los trabajos realizados y los recambios utilizados.
Escoger un taller legal también es una manera de proteger los derechos de los consumidores, contribuir a la seguridad vial y evitar que los costes económicos y ambientales de las actividades irregulares recaigan sobre el conjunto de la sociedad.
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