El Govern ha solicitado formalmente al Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Tarragona que levante la suspensión del procedimiento judicial relacionado con el recurso contra la licencia de obras para retirar el monumento franquista situado en Tortosa. Esta petición llega después de que hayan concluido las causas judiciales que habían motivado esta paralización.
Concretamente, se han resuelto los recursos vinculados a la modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Tortosa y a la descatalogación del monolito. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado estas impugnaciones, mientras que los recursos de casación presentados ante el Tribunal Supremo también han sido inadmitidos.
Ramon Espadaler, consejero de Justicia, ha declarado: "una vez resueltas las cuestiones previas, lo que corresponde es continuar la tramitación para que se pueda resolver sobre el fondo de la cuestión".
El anuncio en un acto de memoria democrática
Espot Espadaler hizo pública esta información el pasado viernes durante un acto dedicado a la memoria democrática celebrado en Sant Guim de Freixenet. Allí se recordó a Lluís Rosell, vecino de este municipio exiliado en Francia a raíz de la Guerra Civil y combatiente en la Legión Extranjera francesa durante la Segunda Guerra Mundial.
Además, Espadaler explicó que mediante la Abogacía de la Generalitat, se ha solicitado oficialmente al juzgado el levantamiento de la suspensión: "Con la resolución definitiva de los recursos sobre la descatalogación del monumento, desaparece el principal elemento que condicionaba el procedimiento judicial abierto".
Análisis del contexto judicial del caso
La evolución jurídica en torno a la retirada del monumento dedicado a la Batalla del Ebro ha implicado en los últimos años tres grandes procesos judiciales con diferentes recorridos y resultados. Según fuentes del Departamento de Justicia, estos procesos han condicionado notablemente el estado actual del procedimiento principal.
- Recursos contra la descatalogación y modificación urbanística: Dos entidades de ultraderecha —Asociación Cultural Despierta España y Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces— presentaron recurso contra los cambios aprobados en el planeamiento urbanístico que suponían retirar protección patrimonial al monumento. La Comisión de Urbanismo de las Terres de l'Ebre ratificó esta modificación en noviembre de 2020.
- Aprobar definitivamente este cambio: La sala contencioso-administrativa del TSJC rechazó estos recursos inicialmente; posteriormente, los tribunales superiores también inadmitieron los recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo hace aproximadamente un mes. Esto consolida legalmente tanto el cambio urbanístico como la eliminación oficial de los derechos patrimoniales sobre el monolito.
- Licitaciones impugnadas por COREMBE: Esta asociación recurrió ante el juzgado contencioso-administrativo de Barcelona para cuestionar tanto las bases como la adjudicación de los trabajos para retirar físicamente el monumento. En este proceso se discutía si el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) tenía competencias para promoverlas. No obstante, después de una resolución anticipada con la empresa adjudicataria y una paralización prolongada, las actuaciones quedaron archivadas por pérdida sobrevenida de objeto.
- Licencia de obras y suspensión cautelar: El recurso actualmente vigente se dirige contra esta autorización administrativa específica. COREMBE había solicitado medidas cautelares para paralizar temporalmente las obras; tanto este juzgado como el TSJC lo confirmaron antes de que finalmente se acordara suspender todo trámite hasta resolver primero las cuestiones relativas a la descatalogación patrimonial.
Punto actual y perspectivas legales
Ante esta situación compleja pero avanzada, Ramon Espadaler ha afirmado: "Queda un contencioso abierto en el Tribunal de Instancia de Tortosa, sobre la licencia; ya estamos, de alguna manera, en la recta final".
No obstante, desde el Departamento recuerdan que esta petición no modifica inmediatamente el estatus legal ni físico del monumento franquista, ya que todo sigue bajo jurisdicción judicial. Será ahora responsabilidad exclusiva de los magistrados decidir tanto sobre si levantan o mantienen suspendida esta tramitación como sobre los aspectos sustantivos pendientes.
Epadaler ha concluido destacando: "Creemos que este es un paso más adelante, queremos dar pasos firmes, sólidos y jurídicamente solventes, pero creemos que es una oportunidad, hemos sido muy explícitos y muy ágiles en la respuesta, y ahora tendremos que quedar a la espera de este último contencioso".
