La Fiscalía investiga el anterior gobierno municipal de Junts per Tortosa por presuntas irregularidades en la adjudicación de diversas obras vinculadas al Espai Joan Moreira, ubicado en la antigua fábrica Samo. La investigación parte de una denuncia presentada por el actual ejecutivo municipal, formado por Movem-PSC y ERC, sobre contrataciones gestionadas durante el mandato de la exalcaldesa Meritxell Roigé y el exteniente de alcalde Domingo Tomàs.
Según ha podido saber la ACN, el Ministerio Público estudia si se pueden derivar responsabilidades penales. Uno de los puntos bajo la lupa es el contrato para la reparación de la cubierta y la limpieza interior del centro cultural, que se habría aprobado sin licitación pública y cuando las instalaciones ya habían sido inauguradas.
Una adjudicación posterior a la inauguración
El Espai Joan Moreira se inauguró oficialmente el 30 de marzo de 2023 en un acto público con autoridades, representantes institucionales y medios de comunicación. Según la documentación denunciada por el gobierno actual, la adjudicación de las obras no se aprobó hasta el día siguiente, el 31 de marzo, y el contrato se formalizó el 3 de abril.
La denuncia sostiene, sin embargo, que los trabajos ya se habrían ejecutado antes de la inauguración. Es decir, que la obra se habría hecho sin cobertura legal previa y que se habría encargado verbalmente desde el gobierno municipal de entonces.
El contrato, firmado a posteriori, preveía una duración de dos meses a partir de su formalización. El consistorio pagó 203.246,38 euros a la empresa adjudicataria, una sociedad del sector de las estructuras metálicas que anteriormente había quedado excluida de un procedimiento de licitación.
Una empresa que no había superado las licitaciones previas
Antes de esta adjudicación, ya se habían impulsado otros procedimientos para ejecutar los trabajos. Una primera licitación, por valor de 221.182,85 euros, quedó desierta porque las empresas aspirantes no cumplían los requisitos. Posteriormente, en noviembre de 2022, se abrió otro procedimiento por 202.675 euros, al cual también se presentó la empresa que finalmente hizo las obras, pero tampoco consiguió la adjudicación por incumplimientos formales.
Sin embargo, según la denuncia, esta misma empresa habría acabado ejecutando los trabajos antes de la puesta en marcha del centro. Para regularizar la situación, el gobierno de Junts per Tortosa habría optado después por un procedimiento negociado sin publicidad, invitando a otras empresas a presentar ofertas con importes similares pero ligeramente superiores.
El actual gobierno municipal considera que esta fórmula habría servido para “cubrir el expediente” y garantizar la adjudicación a una empresa concreta. En la denuncia presentada al Ministerio Público, el consistorio compara este patrón con prácticas investigadas en el llamado caso Efial.
También se investiga la rehabilitación de la fachada
La Fiscalía también analiza otras actuaciones relacionadas con la puesta en marcha del Espai Moreira. Otro de los puntos investigados es la rehabilitación de la fachada, por una posible fragmentación irregular de contratos.
Entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, el Ayuntamiento adjudicó dos contratos menores a una empresa local por un importe total de 77.669,76 euros. Según la denuncia, ambos contratos correspondían a la misma obra, tenían el mismo importe, 38.834,88 euros, y estaban adjudicados al mismo contratista.
A raíz de esta investigación, Fiscalía ha pedido al Ayuntamiento de Tortosa los expedientes de contratación e información detallada sobre otros trabajos encargados por el gobierno de Junts per Tortosa a la misma empresa. Si el Ministerio Público aprecia indicios suficientes, podrá pedir la apertura de un procedimiento penal en los juzgados.
Roigé niega irregularidades
Consultada por la ACN, la exalcaldesa y actual portavoz municipal de Junts per Tortosa, Meritxell Roigé, ha asegurado que desconocía la investigación y ha negado cualquier irregularidad.
“No hay nada que esconder. Todo se ha hecho de manera transparente. No se ha desviado ni un euro de la finalidad y así quedará probado”, ha defendido. Roigé también se ha mostrado convencida de que este expediente, como el resto de contrataciones tramitadas desde el área de Servicios, es correcto.
La exalcaldesa atribuye la denuncia a una motivación “político-partidista” y acusa al actual gobierno municipal de querer “desprestigiar a la oposición” para tapar, según ella, su situación política.
Un espacio cerrado por deficiencias
El Espacio Joan Moreira, concebido como equipamiento social y cultural, llegó a acoger diversos actos públicos durante sus primeros meses de funcionamiento. Sin embargo, el actual gobierno municipal decidió cerrarlo en abril de 2025 tras constatar que las instalaciones no cumplían la normativa de seguridad e incendios, accesibilidad ni eficiencia energética.
Para cuantificar las deficiencias, el Ayuntamiento encargó un informe a una consultoría externa, que estimó en unos 256.000 euros la inversión necesaria para adecuar el centro. Las actuaciones que deberían permitir su reapertura continúan pendientes de ejecución.