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El Ayuntamiento de Deltebre ha presentado alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el cual se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La propuesta introduce cambios, entre otras normas, en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en el Reglamento General de Costas, con el objetivo declarado de adaptar la gestión de los riesgos de inundación a los efectos del cambio climático. Las alegaciones municipales se suman a las que ya ha formulado la Mesa de Consenso por el Delta, en un frente común que quiere poner el acento en las particularidades del territorio y en el impacto que la reforma podría tener sobre el litoral deltaico.
Discrepancias sobre la delimitación de la zona marítimoterrestre
El principal punto de desacuerdo se centra en la modificación de los criterios generales para determinar la zona marítimoterrestre. La propuesta elimina la referencia actual, según la cual el alcance de las olas debe haberse producido al menos cinco veces en cinco años, y plantea tener en cuenta las máximas olas registradas o calculadas a partir de los datos disponibles.
El alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha afirmado que “no cuestionamos la necesidad de adaptarnos al cambio climático ni de proteger mejor nuestro litoral. Lo que cuestionamos es que esta adaptación se haga aplicando criterios generales y de claro retroceso que no tienen suficientemente en cuenta la realidad de un territorio tan singular, vulnerable y frágil como el Delta del Ebro”.
Según el consistorio, aplicar este enfoque al Delta puede tener un impacto especialmente relevante por su baja cota y por la configuración del territorio, ya que en episodios marítimos extremos el agua puede avanzar mucho más allá de la primera línea de costa y afectar campos agrícolas, zonas habitadas e infraestructuras.
Un impacto que podría llegar al 65% de la superficie
La cartografía de inundación marina apunta que, en un episodio extremo, la afectación podría llegar hasta el 65% de la superficie del Delta. En consecuencia, y según la propuesta, una parte significativa de estos terrenos podría quedar incorporada eventualmente al dominio público marítimoterrestre, con efectos directos sobre propiedades privadas, explotaciones agrarias, actividades económicas, equipamientos públicos, edificaciones, infraestructuras viarias y redes de riego y drenaje.
El consistorio sostiene que esta situación añadiría una nueva capa de inseguridad jurídica a la que Deltebre ya arrastra con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y advierte que el cambio normativo no resuelve por sí mismo la protección del litoral.
En esta línea, Soler ha añadido que "el Delta necesita protección y actuaciones estructurales que garanticen su supervivencia. Lo que no podemos aceptar es una nueva amenaza que acabe comportando nuevas limitaciones y más inseguridad sobre las propiedades, actividades económicas y posibilidades de futuro de nuestros vecinos y vecinas".
Más seguridad jurídica y una visión global de las inundaciones
Las alegaciones defienden que ampliar el dominio público marítimoterrestre no garantiza, por sí solo, una mejor protección del litoral y reclaman actuaciones específicas de mantenimiento, adaptación y defensa de las estructuras costeras, y también criterios objetivos que eviten que un episodio puntual o excepcional derive en consecuencias jurídicas permanentes.
Otro de los puntos cuestionados es la falta de justificación técnica y económica de la reforma. El documento municipal sostiene que la documentación sometida a información pública no permite valorar con suficiente detalle la necesidad, la proporcionalidad ni el impacto de determinadas modificaciones, y pide una memoria de análisis de impacto normativo que incorpore también las consecuencias sobre la economía costera, la ciudadanía y el medio ambiente.
El texto también reclama abordar de manera conjunta las inundaciones de origen fluvial y marítimo. Esta cuestión tiene una incidencia directa en Deltebre, porque la Confederación Hidrográfica del Ebro ha determinado que las zonas inundables asociadas al río Ebro en el municipio quedan dentro del ámbito de la normativa de costas y, por tanto, no les resulta aplicable el régimen del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Petición de retirada del proyecto actual
Según lo expuesto en una nueva sesión del Consell de Defensa #DeltebreTerritori, el Ayuntamiento pide que el proyecto sea retirado en los términos actuales y que las alegaciones presentadas sean tenidas en cuenta en la elaboración de una nueva propuesta, que debería ir acompañada de la correspondiente memoria de análisis de impacto normativo.
Las alegaciones municipales advierten que, si la iniciativa se mantiene tal como está redactada, podría condenar a los habitantes del Delta a convertirse en refugiados climáticos.
