Los Mossos d’Esquadra detuvieron el jueves 16 de octubre al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandesa, Miquel Tomàs (PP), por su presunta participación en una estafa denunciada por un amigo y que superaría los 30.000 euros. Según fuentes cercanas a la investigación, el concejal habría utilizado la aplicación de banca digital de la víctima para ordenar transferencias y suscribir créditos a su nombre entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre. Tomàs, cabeza de lista del PP en las últimas municipales y apoyo esencial del gobierno de Junts en el consistorio, niega las acusaciones y mantiene que tanto él como el denunciante fueron engañados en el marco de una operación de compra de criptomonedas a una empresa extranjera.
La denuncia expone que el 29 de septiembre, en la calle, Tomàs habría pedido a su amigo 2.200 euros con la promesa de que al día siguiente le devolvería el dinero una vez recibiera un ingreso de 30.000 euros en su cuenta corriente. Desde el domicilio del denunciante, y con la ayuda de una mujer con quien Tomàs habría contactado por videoconferencia, ambos accedieron a la app de banca digital de la víctima y efectuaron tres transferencias por un total de 2.200 euros hacia una cuenta del mismo concejal.
Posteriormente, el 2 de octubre, ambos se habrían vuelto a ver en el domicilio del afectado, aparentemente para devolverle el dinero. Según el relato de la víctima, y aprovechando que le facilitó de nuevo el acceso a la aplicación —de la que decía desconocer el funcionamiento—, Tomás habría ordenado nuevas transferencias y abonos con la tarjeta de crédito. En aquella misma sesión se habría contratado, además, un préstamo preconcedido por valor de 23.000 euros que, siempre según la denuncia, se derivó parcialmente a una cuenta del concejal y a la de otro hombre.
Al día siguiente, 3 de octubre, habría habido un tercer encuentro para intentar recuperar el dinero. La víctima explica que, al revisar la aplicación, detectó que algo no iba bien: le faltaban 5.500 euros que le quedaban en la cuenta e incluso no pudo comprar medicamentos en la farmacia con la tarjeta. Después de intentar varias veces que el concejal le devolviera los importes, el 6 de octubre mantuvieron una última reunión en la que se efectuaron dos transferencias más por un valor aproximado de unos 1.200 euros. Cuatro días después, el 10 de octubre, el banco informó formalmente al denunciante de la existencia del préstamo y de las obligaciones asociadas.
En total, y de acuerdo con la denuncia presentada a los Mossos, entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre se transfirieron 30.238 euros a dos cuentas diferentes: 9.478 euros habrían ido a parar a una cuenta de Miquel Tomàs y 20.760 euros a una segunda cuenta. La víctima sostiene que no consintió estas operaciones y acusa al concejal de haberse aprovechado de la relación de confianza que mantenían.
Miquel Tomàs rechaza las imputaciones y ofrece una versión alternativa de los hechos. Asegura que tanto él como su amigo participaban en una operación de compra de criptomonedas a una empresa de Lituania y que ambos resultaron estafados. Según explica, al denunciante se le ofreció una ganancia de 1.000 euros a cambio de adelantar los 2.200 euros iniciales para abrir el monedero digital donde se debían ingresar las monedas. Afirma igualmente que, en el momento de hacer la primera transacción, otra empresa —aparentemente del mismo sector— habría retenido el número de cuenta y los datos de su amigo y, con esta información, habría efectuado el resto de transferencias y la contratación del crédito sin su conocimiento. “No recibí ni un euro”, asegura, negando haber utilizado la aplicación bancaria más allá de la primera vez. La operación, detalla, ascendía a 39.000 euros y se debía culminar en quince días; dice que solo ha recuperado 7.000 e insiste en que “Yo también he sido estafado”. Explica, además, que hacia el 6 de octubre presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Gandesa y atribuye la iniciativa de su amigo a cuestiones familiares.
Pocas horas después de la detención del 16 de octubre, los Mossos d’Esquadra pusieron al concejal a disposición del juzgado de Gandesa. El magistrado lo dejó en libertad con cargos y con la obligación de comparecer mensualmente mientras se mantiene abierta la causa por estafa, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La investigación policial y judicial deberá aclarar quién ordenó cada una de las operaciones, cuál fue el recorrido exactamente de los 30.238 euros y si detrás de la supuesta compra de criptomonedas hubo engaño, suplantación o un fraude urdido por terceros. Hasta que no haya una resolución firme, el concejal conserva la presunción de inocencia.
