El juzgado de instrucción número 6 de Tarragona investiga al expresidente del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), Joan Alginet, y al secretario del consejo de administración, Jesús Martín, en una causa abierta por prevaricación en la licitación de un contrato, el año pasado.
Como ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la ACN, Alginet y Martín están citados a declarar el próximo 16 de septiembre. La causa se ha abierto a raíz de una denuncia particular.
La licitación que se investiga se había recurrido al Tribunal Catalán de Contratos, que obligó al Consorcio a adjudicar el contrato a la empresa que había perdido el concurso y que había presentado, inicialmente, una mejor oferta.
El juzgado de Tarragona investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de una plataforma interna de gestión empresarial en el Consorcio de Aguas de Tarragona. En el concurso participaron dos empresas, Marqués Professional Services Information Technology SL, y la unión temporal de dos empresas del grupo PKF ATTEST.
Como explica el Consorcio de Aguas de Tarragona en un comunicado, la adjudicación fue impugnada por PKF ATTEST ante el Tribunal Catalán de Contratos (TCC), quien la declaró nula y adjudicó el contrato a PKF. El CAT dice que “ha cumplido y ejecutado” la resolución del TCC y que el contrato ha empezado a ejecutarse “con normalidad” con esta empresa.
Contencioso administrativo
Sobre esta resolución, el CAT ha interpuesto un recurso contencioso administrativo que procesa la sección quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Consorcio dice que ha presentado en este contencioso un dictamen pericial y un informe jurídico “de expertos independientes de reconocido prestigio”.
La apertura de ofertas
PKF presentó el recurso porque Marqués “rebajó la oferta” en la apertura de sobres, cuando se le pidió si el importe de su oferta incluía las prórrogas. Con una mejor puntuación técnica y una oferta más baja que la inicial, Marqués se adjudicó el contrato y PKF ATTEST denunció porque no había podido hacer una contraoferta. Sobre esta presunta “mala praxis” en el acto de apertura de los sobres, el Consorcio niega que “permitiera reducir ni modificar ninguna de las ofertas presentadas inicialmente” y justifica que se “desagregó el importe entre implantación y prórrogas”.
Según el comunicado, el pliego de la licitación preveía la presentación “de un único importe total”, pero PKF pidió presentar una oferta desagregada entre los costes de implantación de la aplicación informática y prórrogas. El CAT dice que aceptó la petición de PKF ATTEST y emitió una nota de aclaración con la única fórmula permitida sobre cómo desagregar los costes, que se comunica a las partes y se publica en el perfil del contratante.
El Consorcio explica que en el momento de la apertura de sobres, la mesa de contratación requiere a Marqués desagregar la oferta al nuevo formato solicitado por PKF, porque “Marqués ya lo había presentado en plazo y forma, conforme al formato inicial (único importe total)”. “El CAT entiende que la forma de actuar de la mesa permitió garantizar los principios de concurrencia de ofertas, competencia e igualdad de condiciones a la licitación”, apuntan en el texto.
En el comunicado del CAT apuntan que la ley de contratos del sector público avalaría que presida la Mesa de Contratación el presidente de la entidad y niegan que se investigue un caso de presunto acoso a un trabajador. En este sentido, “se reserva el derecho a emprender las acciones legales correspondientes ante eventuales denuncias falsas, simulaciones de delito y difamaciones contra la entidad, los órganos de gobierno y personas trabajadoras”.
El Consorcio de Aguas de Tarragona se ofrece a “colaborar y cooperar con la justicia, facilitando toda la información y documentación que sea necesaria en el transcurso del proceso con la voluntad de esclarecer los hechos con la máxima celeridad”.
