La alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà, y el primer teniente de alcalde, Jordi Jordan, han comparecido esta mañana para hacer una valoración a la prensa del proceso judicial por el caso Efial en la Audiencia Nacional de Madrid, que también afectó al Ayuntamiento de Tortosa. Se trata de una rama más vinculada a la trama del 3% de CIU y que ha afectado a diversos ayuntamientos de la provincia de Tarragona que habían sido gobernados por esta formación política. Tortosa es el tercero en el ranking de los consistorios donde se malversaron más dinero, por detrás de l'Ametlla de Mar y de Ascó.
Así pues, Lleixà ha recordado que “en 2023 nos personamos como acusación particular en este caso y la Audiencia nos lo admitió”, lamentablemente este paso se dio demasiado tarde, ya que el anterior gobierno de Junts per Tortosa (con miembros procedentes de la antigua CIU) no lo hizo, y eso ha conllevado que no se pudieran incluir diligencias y que tampoco se ampliara el listado de investigados que habría permitido incluir a Meritxell Roigé como investigada.
En el caso del Ayuntamiento de Tortosa el fraude se eleva a 1,6 MEUR y tuvo lugar en las sociedades municipales de GUMTSA y Tortosa Esport. Se ha podido demostrar a través de los correos electrónicos que, en 2012, el presidente de Efial era quien indicaba a la responsable de la GESAT, la entonces concejala de urbanismo, Meritxell Roigé, cómo debía hacer la licitación, qué empresas debían participar en ella y cuáles eran las cantidades que debían fijarse para que Efial resultara ganadora.
Así pues, se habrían vulnerado las normas de contratación pública en un contrato del año 2008 en el que se hace un contrato de servicios a Efial por el valor de 350.000 €, que acabó ampliándose con 60.620 € más. Y otro de 2010 donde, de nuevo, se adjudica sin concurso público a Efial un contrato de 390.696 €, con una prórroga de un año que elevó el importe hasta los 781.780 €. También se suma la investigación a otra de las sociedades municipales, Tortosa Esport, la vinculada a la gestión del gimnasio municipal del WIN, y entonces bajo la dirección de Xavi Nadal, que habría estafado 104.810 € entre 2008 y 2012 con un fraccionamiento de contratos.
Además, el interventor apuntaba “que era necesario redimensionar GUMTSA porque contribuía a generar más gasto y a eludir el control de fiscalización” y que “los informes de la intervención municipal de los años 2011 y 2012 de aprobación de las cuentas generales alertaban que los informes de auditoría de las cuentas de las sociedades municipales se adjudicaron sin su supervisión, a pesar de que la inspección de esta contabilidad le corresponde por ley”. Unas medidas que entonces fueron desestimadas por Roigé y por parte del gobierno de Ferran Bel.
Así pues, a pesar de ser citada como testigo, Lleixà ha destacado que “Roigé no dio explicaciones sobre su relación con Antoni Martos ni tampoco entre GUMTSA y Efial. Solo se limitó a decir que seguía criterios técnicos y que la falta de funcionarios en el Ayuntamiento los llevó a externalizar el trámite”. Ahora bien, esto no era cierto, como bien apuntan los informes del interventor.
La noticia destacada del juicio ha sido que Antoni Martos ha reconocido el fraude fiscal administrativo, prevaricación y haber llevado a cabo contratos irregulares en el Ayuntamiento de Tortosa, ahora bien, no acepta que esto generara un perjuicio económico al consistorio.
Por su parte, el Ayuntamiento espera “poder recuperar lo antes posible la pérdida económica del fraude y que Martos pague una fianza de responsabilidad civil de 1,6 ME”. Además, se pide su inhabilitación para el ejercicio de cargo público y seis años de prisión por malversación. La totalidad de esta cuantía quizás no se acabará cobrando, ya que, el perito judicial solo ha reconocido un total de 942.000 € de fraude, teniendo en cuenta que el resto del gasto se habría producido igualmente si se hubieran seguido los procedimientos legales.
Por lo tanto, pues, el juicio ha quedado visto para sentencia y el Ayuntamiento resta a la espera de la resolución del procedimiento.
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