La Audiencia Nacional ha condenado al exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, a una pena total de 1 año y 11 meses de prisión en la sentencia del caso Efial, a la que ha tenido acceso la ACN. El tribunal también impone 6 meses de prisión a los exalcaldes de Ascó y Torredembarra, Rafael Vidal y Daniel Masagué, y al presidente de la consultora Efial, por los delitos de prevaricación administrativa y fraude en concurso público.
El resto de encausados han sido absueltos y las peticiones de responsabilidad civil formuladas por las acusaciones particulares han sido desestimadas. La resolución llega solo 12 días después de que finalizara la vista oral en la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. En total, solo 4 de los 15 acusados que llegaron al final del procedimiento han sido condenados, y en todos los casos se aplica la atenuante de dilaciones indebidas.
La pena más alta, para Andreu Martí
Martí recibe la condena más severa: 1 año y 3 meses por cohecho, 3 meses y una multa de 689.551,71 euros por blanqueo de capitales, y 6 meses por fraude continuado en concurso público, además de una inhabilitación de 4 años y 3 meses por prevaricación. El tribunal lo absuelve del delito de malversación.
La sentencia sostiene que Martí y el responsable de Efial mantuvieron una "actuación concertada y continuada" orientada a asegurar la contratación pública de la consultora sin los criterios de objetividad, transparencia y libre concurrencia exigibles. También señala adjudicaciones "reiteradas", simulación de concurrencia de otras empresas y pagos "sin justificación económica real" que después se ocultaron y hicieron circular a través de estructuras societarias en Andorra y Panamá.
En cuanto al patrimonio de más de 2,3 millones de euros localizado en Andorra, la Audiencia Nacional concluye que el uso de sociedades opacas perseguía la "ocultación patrimonial" y afirma que una parte de los fondos provenía de los "beneficios obtenidos a través de la dinámica corrupta".
Sin malversación ni responsabilidad civil
A pesar de estas irregularidades, el tribunal considera que no hay suficiente certeza para condenar a Martí por malversación de caudales públicos. La sentencia remarca que "Ninguno de los informes concluye que los servicios contratados no se realizaran efectivamente ni cuantifica con precisión los importes concretos que corresponderían a prestaciones inexistentes".
En la misma línea, la Audiencia Nacional también rechaza la responsabilidad civil porque "Tampoco consta acreditado un perjuicio patrimonial determinado para la entidad contratante". El tribunal añade que los informes no permiten concretar qué importes no tenían fundamento ni cuáles se habrían sustraído, y por ello desestima la reclamación del Ayuntamiento de l'Ametlla de Mar.
Así, a pesar de dar por probada la "grave irregularidad" en los procedimientos de contratación para favorecer Efial, la sentencia defiende que no todas las prestaciones abonadas fueron "inexistentes, ficticias o carentes de utilidad" para las administraciones públicas, "ni que el perjuicio patrimonial coincida con el importe íntegro facturado". Con este argumento rechaza también las reclamaciones del Ayuntamiento de l'Ametlla de Mar, que cifraba el perjuicio en unos 4,1 millones de euros, y la de Tortosa, que lo situaba en 1,65 millones de euros.
Ascó y Torredembarra, con prevaricación acreditada
En el caso de Ascó, la sentencia da por probada la prevaricación administrativa en materia contractual. Efial había recibido adjudicaciones municipales por valor de 713.000 euros. Según el tribunal, se impulsaron procedimientos sin publicidad ni concurrencia, con fraccionamiento, manipulación de umbrales económicos y adjudicaciones al mismo operador.
El hecho de que Martos actuara a la vez como director general de Ascó Serveis y presidente de Efial permitió mantener "resoluciones arbitrarias" en la "adjudicación reiterada de contratos" a la consultora. En estos acuerdos también participó el exalcalde de Ascó, Rafel Vidal, que igualmente ha sido condenado.
En cuanto a Torredembarra, el tribunal acredita una "voluntad deliberada y persistente de sustraer la contratación de servicios prestados por Efial a los mecanismos legales de control, publicidad y concurrencia". También da credibilidad al testimonio del exsecretario, que había advertido sobre estos extremos, y subraya que Daniel Masagué hizo caso omiso de estas advertencias y mantuvo la operativa contractual con la consultora. Entre el 2011 y el 2013, las facturas emitidas superaron los 410.000 euros.
"No se trató de actuaciones administrativas erróneas o deficientes sino de una actuación conscientemente orientada a impedir la aplicación de las reglas de contratación pública y a garantizar que la prestación de servicios se mantuviera en manos de una concreta empresa previamente favorecida", ha subrayado la resolución.
Absoluciones y delitos prescritos
La sentencia también absuelve Xavier Xifrà de los delitos continuados de prevaricación administrativa y fraude en concursos públicos, y Ramon Cardús del delito de cohecho por prescripción. Además, por falta de acusación, quedan absueltos Ramon Cuadrado, Francesc Xavier Térmens, Maria Dolores Martínez, Jordi Santamaria, Maria Neus Puig, Antoni Carné, Roger Rocamora, Carles Puigdomènech y Daniel Martín.
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