La ciudadanía de Amposta tendrá que pagar el año que viene un 36% más por la tasa de recogida de basuras y un 10% más por el IBI. Son los principales capítulos que aumentarán la recaudación dentro de la propuesta de ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2024.
El gobierno municipal de ERC espera, con estas medidas, conseguir un mínimo de 1,2 millones de euros adicionales —respecto de los 17 que se tenían que recaudar este año— para hacer frente al incremento del IPC, de los salarios, del precio de la energía y los intereses de los préstamos. Según el alcalde, Adam Tomàs, la subida dejará la presión fiscal en el municipio alrededor de los seis euros por habitante al mes. “No teníamos más remedio: cuando hemos podido bajar impuestos, los hemos bajado”, ha aducido.
El gobierno municipal de Amposta incrementará la carga fiscal directa sobre la ciudadanía en la línea de lo que ya han anunciado varias ciudades del territorio. “Creo que ningún ayuntamiento, quizás alguno que tiene ingresos extra lo hace, pero con un incremento del IPC, intereses bancarios, luz, dar una palada de asfalto vale el triple que hace dos años. Tenemos la responsabilidad de que sea sostenible la estructura municipal y la inversión”, ha asegurado.
Concretamente, Tomàs lo ha contextualizado, a pesar de asegurar que se ha hecho un esfuerzo de contención del gasto, dentro de un aumento del IPC del 23% en los últimos ocho años. También por los incrementos salariales del 16% decretados por el Estado español —1,5 millones de euros al año—, la subida del precio de la energía —a pesar de las medidas aplicadas para limitar el consumo— y de los intereses de los préstamos, que alcanzan los 680.000 euros anuales.
El capítulo de la tasa de basuras, sin embargo, se escapa de esta lógica y encabeza de forma destacada los incrementos, con un 36%. Según Tomàs, se trata de “ajustar” el recibo de la basura a la ley estatal de residuos que obliga a repercutir el coste efectivo de la gestión antes de 2026. “El Ayuntamiento ha estado durante todos estos años asumiendo un déficit de medio millón de euros anual. Hasta ahora lo hemos podido hacer, pero a partir de la ley no. Estamos hablando de cuatro millones de euros de déficit que hemos asumido”, ha precisado. Se mantendrán las bonificaciones de familias numerosas y parentales.
El IBI es el otro gran capítulo que presenta también un aumento destacado. En este caso, el urbano se incrementa un 10% hasta el 0,986 de tipo impositivo. Un coeficiente, según se ha apresurado a precisar el alcalde, que se sitúa “por debajo de cuando entramos a gobernar”: un 0,9964 en 2015. En el caso del rústico, se recupera el tipo de 0,86 existente en aquel momento. Se mantienen también las bonificaciones para familias numerosas, instalaciones de placas solares, creación de puestos de trabajo o entidades de interés local.
En el resto de capítulos, se mantienen las bonificaciones del impuesto de vehículos y se congelan los tipos excepto en los casos de entre 8 y 16 caballos fiscales y camiones de 10 toneladas, que se sitúan al tipo de 2015. En cuanto al IAE que percibe el consistorio de las empresas que facturan más de un millón de euros, sube en todas las categorías de tramos entre el 0,3 y el 0,6 en la mayoría de los casos. La plusvalía sube únicamente al 30% en los tramos de operaciones de cinco a diez años, considerándola como “operación especulativa”. “Sube la venta de viviendas por parte de entidades bancarias y se deben penalizar”, ha concretado.
900 euros más por cajero automático
También, relacionado con la actividad bancaria, subirá de 500 a 1.400 euros la tasa de ocupación de la vía pública por cajeros, “las entidades bancarias que nos regalan tantas comisiones a nuestras cuentas que se vean reflejadas”, ha precisado. La ocupación de mesas y sillas pasa de los 36,5 euros por metro cuadrado de media a 45,63 euros, “recuperando” los 59,62 euros de 2015 por la “clara dinamización económica de la ciudad” y la gran ocupación existente. Los vados suben un 25%, que atribuye al IPC. Según Tomàs, Amposta se sitúa un 250% por debajo de municipios similares.
El conjunto de medidas debe permitir aportar más de 1,2 millones de euros adicionales a las arcas municipales por encima de los 17 previstos por las ordenanzas de este año. El alcalde no ha querido precisar una cifra de déficit prevista ante los diversos factores apuntados, asegurando que la recaudación prevista variará en función de diversos factores, como la actividad económica, y la necesidad de poder cubrir los servicios de la estructura municipal. En este sentido, ha apuntado la necesidad de cubrir los 7 millones de euros previstos en inversiones vinculadas a subvenciones que requieren cofinanciación municipal.
Tomàs ha reconocido que, posiblemente, “habrá familias que no podrán pagar”. “No se deben preocupar”, ha insistido, avanzando que en estos casos, “como se demostró con la covid”, los servicios sociales “les ayudarán como se ayuda a las personas vulnerables”. En este sentido, considera la propuesta viable a la luz de los incrementos salariales del 16% y una ciudad que ha ganado 3.000 euros de renta familiar bruta disponible desde 2015. “Lo que no puede ser es que quien puede pagar, no lo haga”, ha cerrado.
