El Ayuntamiento de Tortosa ha informado que la parte privada de Aigües de Tortosa ha presentado una reclamación judicial de más de 700.000 euros contra el consistorio, que es socio mayoritario de la empresa mixta con el 51% de las acciones.
La alcaldesa, Mar Lleixà, ha calificado la situación de “muy grave” y ha vinculado directamente la demanda con el modelo de gestión aprobado en el año 2010, cuando se privatizó el 49% de la antigua Empresa Municipal de Servicios Públicos.
“Hace tiempo que asistimos al fracaso del modelo de Aigües de Tortosa, impulsado durante los gobiernos de Ferran Bel y Meritxell Roigé”, ha afirmado Lleixà. Según la alcaldesa, el litigio “no es un conflicto sobre una decisión tomada durante este mandato”, sino una consecuencia de un modelo “cocinado y aprobado hace 16 años”.
Una reclamación por los ingresos no alcanzados
En una comparecencia con el primer teniente de alcaldía, Jordi Jordan, y la tercera teniente de alcaldía, Maria Jesús Viña, Lleixà ha explicado que el socio privado reclama la diferencia entre los ingresos previstos en el pliego de condiciones y los ingresos reales obtenidos.
Según el gobierno municipal, la reclamación se explica porque los consumos no han sido los previstos y las tarifas del agua no han evolucionado al ritmo pactado inicialmente. “Los más de 700.000 euros de la demanda son por una supuesta pérdida de ingresos entre los años 2021 y 2024, porque las pérdidas de los años anteriores han prescrito”, ha detallado Lleixà.
La alcaldesa también ha recordado que hace una década ya hubo otra demanda del socio privado, aunque no prosperó.
El gobierno apunta a la herencia del contrato del 2010
Lleixà ha señalado que el modelo aprobado por los anteriores gobiernos de CiU, actual Junts per Tortosa, preveía una evolución tarifaria acumulada superior al 80% durante la vigencia del contrato, y unas previsiones de consumo, ingresos y retribución del socio privado que no se han cumplido.
“La demanda contra el Ayuntamiento tiene su origen en un contrato firmado y decidido en 2010 por Bel y Roigé, que vendieron mal la EMSP por 11 millones de euros y ahora es cuando estamos pagando las consecuencias”, ha lamentado.
La alcaldesa también ha respondido las críticas de Junts per Tortosa sobre la financiación de la renovación de los contadores de telelectura y las inversiones urgentes en la red de agua. Según Lleixà, el impacto máximo de la renovación de los contadores será de unos 54 céntimos mensuales por abonado, es decir, 6,48 euros al año, y no de 100 euros como, según ha dicho, había afirmado Meritxell Roigé.
También ha defendido que financiar las obras a través de la subvención del PERTE, como proponía Junts per Tortosa, habría tenido un coste de 1,10 euros al mes por abonado, motivo por el cual se descartó. “Si se hubiera aplicado estrictamente lo que se firmó en 2010, Tortosa tendría el agua más cara de Europa”, ha remachado Lleixà.
El Ayuntamiento se defenderá en los tribunales
El gobierno municipal asegura que afrontará las inversiones pendientes para garantizar un servicio moderno y eficiente, y ha anunciado que defenderá los intereses del Ayuntamiento ante la reclamación judicial presentada por el socio privado.
Lleixà también ha destacado la puesta en marcha de la Mesa del Agua, impulsada en el marco del acuerdo con la CUP, para abrir el debate sobre el futuro modelo de gestión del servicio una vez finalice la actual concesión. “El gobierno defenderá los intereses de la ciudadanía ante el litigio presentado por el socio privado”, ha concluido la alcaldesa.
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